La primera reunión entre el presidente en funciones y el futuro jefe del Gobierno desde que José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones sirvió ayer para paralizar una de las cuestiones que más estaban enturbiando el traspaso de poderes. El líder del PSOE arrancó a José María Aznar el compromiso de no cubrir las dos plazas que quedarán vacantes en el Tribunal Constitucional a partir del próximo 8 de abril.
Pese a que Aznar ha negado que pretendiera nombrar a esos dos magistrados, fuentes socialistas aseguran que el Gobierno había movido pieza para cubrir las vacantes. La cúpula del PSOE recordó ayer que el Ejecutivo en funciones solicitó un informe jurídico para averiguar si la ley le amparaba.
La importancia de estos nombramientos radica en que decantarán la mayoría que en el Constitucional debe elegir al nuevo presidente, que sustituirá al cesante Manuel Jiménez de Parga. Al tiempo, Aznar y Zapatero acordaron ayer que el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, también debe renunciar a cubrir las 14 plazas de fiscal jefe que quedan vacantes. El presidente le prometió igualmente entregarle dosieres sobre cada área del Gobierno.
El presidente y su sucesor acordaron apoyar en la Unión Europea (UE) la propuesta de la Eurocámara de convertir el 11 de marzo en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, como tributo a los afectados por los brutales atentados de Madrid.
La reunión entre Aznar y Zapatero, que no despachaban desde febrero del 2003, fue concertada para que ambos consensuaran la posición española en la cumbre europea que hoy se celebra en Bruselas. Pero la cita sirvió además para apuntalar un principio que el líder del PSOE quiere que presida este periodo transitorio entre su victoria electoral y su toma de posesión: que el Gobierno en funciones debe limitarse a tomar medidas de carácter urgente.
Siguiendo este criterio, ayer Aznar aceptó paralizar otras decisiones que ultimaba el Gobierno. Entre ellas, el nombramiento de tres agregados del Ministerio de Agricultura en otras tantas embajadas y la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Junta de Andalucía.
