El Congreso de los Diputados sentará este martes las bases de la única iniciativa política, más allá de la pura aplicación de la ley, que por el momento tiene visos de prosperar frente a la crisis territorial de Catalunya. La “comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico” cuenta con el apoyo tanto del PSOE, partido que lo ha impulsado, como del PP y Podemos. Y también, en un gesto al que los socialistas otorgan una enorme importancia, del PDECat. Todos ellos, junto al resto de grupos, examinarán la iniciativa en la junta de portavoces que da inicio a la semana parlamentaria, dando así un nuevo paso para su puesta en marcha, que por expreso deseo de Mariano Rajoy no tendrá lugar hasta después del referéndum unilateral del 1 de octubre.
Si los planes del PSOE se cumplen, y en esta propuesta se ha coordinado hasta ahora con el PP para que salga adelante, la comisión podría empezar a trabajar los días siguientes a la convocatoria independentista. Tras su paso por la junta de portavoces de este martes, la Mesa del Congreso, órgano que gobierna la Cámara baja, aprobará la semana que viene su constitución y composición. A partir de ahí, “si sigue el mismo ritmo”, señalan fuentes de la dirección socialista, su puesta en marcha estaría lista para primeros de octubre.
Las posiciones de partida de los grupos parlamentarios son muy distintas. En su solicitud original, el partido de Pedro Sánchez, que lleva años intentando sin éxito sumar al PP al estudio de una reforma constitucional, señala que la comisión “tendrá por objeto analizar las necesidades actuales del modelo de organización territorial en España y realizar las propuestas que considere necesarias (…) para desbloquear el actual desencuentro en relación con la cuestión catalana y aportar soluciones satisfactorias que susciten el apoyo mayoritario en Catalunya y el resto de España”.
Reformar o no la Constitución
El PSOE, en este sentido, insistirá en la necesidad de una modificación de la Carta Magna de tipo federal, que blinde las competencias de las comunidades, reconozca hechos diferenciales y avance en la plurinacionalidad del Estado. Rajoy no se niega a discutir sobre una reforma constitucional, pero esta no se encuentra entre sus objetivos. Fuentes del PP explican que buscan que la comisión esté “muy centrada” en la reforma del sistema de financiación autonómica, no en el reparto competencial.
Podemos quiere ir más allá de los dos partidos mayoritarios. Su principal propuesta, como quedó en su defensa de una asamblea que reúna antes del 1-0 a diputados, senadores, europarlamentarios y alcaldes, consiste en un referéndum pactado y con garantías. “Ni el PSOE, ni el PP, ni ningún Estado de la UE va a admitir trocear su soberanía”, dijo este lunes el portavoz de la ejecutiva socialista, Óscar Puente. Ciudadanos, mientras tanto, se ha mostrado hasta ahora escéptico con el futuro organismo. Y ERC, a diferencia del PDECat, rechaza participar en esta iniciativa.
Un apoyo incómodo
Con la puesta en marcha de la comisión, los socialistas se apuntan un tanto, al poder argumentar que han sido ellos quienes han logrado mover al PP. El apoyo de los populares forma parte de una estrategia más amplia entre los dos principales partidos, por la que el PSOE también se compromete a no atacar las decisiones adoptadas por el Estado frente al órdago independentista, gusten más o gusten menos. “Podríamos entrar a criticar algunas de las medidas sobre las que estamos más o menos de acuerdo, pero hay un desafío a la soberanía nacional. Nuestra posición es de Estado”, dijo Puente.
El partido de Sánchez no se encuentra cómodo en una posición que obliga a sus principales dirigentes a morderse la lengua. El PSOE no concuerda del todo con decisiones como la del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, de imputar a los 712 alcaldes que cederán locales para el referéndum. Los socialistas consideran que el ministerio público carece de medios para una iniciativa de este calibre, y en cualquier caso creen que puede ayudar a que los independentistas se retraten como mártires, pero evitan criticar la medida en público.
Tampoco quieren entrar en la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, que puede suspender competencias autonómicas, medida no descartada por el Gobierno. “No sabemos las circunstancias que se van a producir y por tanto pronunciarnos de manera categórica sobre cualquier alternativa sería imprudente. Vamos a esperar”, dijo Puente. Sus palabras, aplaudidas por el PP, daban a entender que el PSOE abría la puerta a la puesta en marcha de este precepto, pero el propio Sánchez salió poco después al paso. “No lo contemplamos”, aclaró el secretario general a EL PERIÓDICO.
