La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, advirtió ayer a las autonomías que incumplir el decreto que bloquea parte de la ley de calidad de la enseñanza (LOCE) "tendrá consecuencias". El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto que impide que los tres aspectos más polémicos de dicha ley se apliquen el próximo curso: los itinerarios, la prueba de reválida y la Religión como asignatura evaluable. Con Madrid y Valencia a la cabeza, las autonomías del PP se aprestan a recurrir contra el decreto.

"No existe mecanismo para que una autonomía pueda incumplir lo que la ley dice", sentenció De la Vega, que ayer se convirtió en la primera mujer de la historia que preside el Consejo de Ministros por el viaje del presidente a México.

Pese al aviso, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y el Ejecutivo valenciano anunciaron ayer mismo sendos recursos al Supremo contra el decreto, porque "provoca confusión" en la comunidad educativa.

AFECTACION PARCIAL La ministra de Educación, María Jesús Sansegundo, recordó en declaraciones en Bruselas que la paralización "afecta sólo" a aspectos de la LOCE que aún no estaban en vigor (la ley iba a ser aplicada de forma progresiva en cinco cursos), por lo que es difícil que genere confusión.

El sector educativo respondió dividido al decreto del Gobierno. Patronales, organizaciones de padres y sindicatos se repartieron entre el aplauso y la crítica. La ministra de Educación avanzó que la nueva ley educativa consensuada deberá estar lista para el verano del próximo año.

El Ejecutivo aprobó también la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 490,8 euros al mes, un 6,6%. La medida entrará en vigor el 1 de julio y afectará a 600.000 personas, entre trabajadores y perceptores del subsidio de paro, que se calcula tomando el SMI como referencia y cuyo coste general se elevará con la subida acordada ayer.