El PSOE aprovechará las necesidades de liquidez extraordinaria de los partidos políticos ante el referendo sobre la Constitución Europea de febrero para plantear una reforma "en profundidad" de la financiación de los partidos políticos. Así lo manifestó ayer el portavoz socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien se mostró convencido de que la reforma se logrará en esta legislatura y permitirá establecer un sistema "más transparente".
Los socialistas venían propugnando desde mediados de los años 90 una modificación de la financiación de los partidos que les permitiera saldar sus deudas y aligerar la onerosa carga de los préstamos electorales. Pero sólo habían logrado un pacto con el PP y los nacionalistas para limitar los dispendios de las campañas, endosando al Ministerio del Interior el coste del envío de papeletas de votación a los domicilios de los electores.
La reforma de la ley de financiación que Rubalcaba anunció ayer quedó aparcada la última legislatura a causa de las diferencias con el PP sobre la transparencia de las donaciones privadas. Aunque Rubalcaba se mostró ayer convencido de que se puede avanzar y dijo que su intención es "ir a por todas y modificar la ley en profundidad", horas antes, el líder del PP, Mariano Rajoy, había criticado toda modificación que aumente el gasto público.
Con todo, los socialistas no quieren reeditar en el referendo de la Constitución Europea la experiencia del endeudamiento que les supuso la consulta sobre la permanencia en la OTAN, en 1986, e insistirán en negociar con el PP reformas legales.
Según el secretario general del grupo socialista, Diego López Garrido, ya han mantenido contactos con el PP sobre las modificaciones de la ley de financiación y de la ley electoral, que serían previas al referendo sobre la primera Carta Magna europea, a fines de febrero del 2005. "Ha sido una primera manifestación de intenciones sobre algo de sentido común", añadió López Garrido.
LAS MODIFICACIONES Los planes del Ejecutivo pasan por modificar la ley de financiación de partidos de modo que todas las formaciones políticas puedan hacer campaña a favor o en contra de la Constitución Europea y vean compensados sus gastos, sin mengua de recursos de su funcionamiento ordinario. La segunda reforma se refiere a la ley electoral, con el objetivo de incentivar la participación de los electores.
Los dirigentes socialistas precisaron que la modificación de mayor alcance afectará al artículo 50 de la ley electoral y permitirá al Gobierno lanzar una campaña institucional llamando a la participación. "No se trata de orientar el voto sino de favorecer la participación", manifestó López Garrido antes de recordar la elevada abstención de las europeas del 13-J y de señalar que "el Estado no puede permanecer neutral, ya que la participación es un valor del artículo 23 de la Constitución".
