El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, auguró ayer que el proyecto soberanista impulsado por el lendakari, Juan José Ibarretxe, no verá la luz porque no cumple requisitos "de sentido común": adecuación "impecable" a la Constitución y respeto a las "reglas del juego". Aguilar reaccionó así ante la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso que planteó el anterior Ejecutivo del PP contra el plan Ibarretxe . El ministro insistió en que, si el plan se aprueba como está redactado, el Gobierno del PSOE lo recurrirá ante el Constitucional.

Sin embargo, y como prueba del nuevo talante del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, acudirá a la conferencia que hoy pronunciará el lendakari en Madrid. Mientras, el secretario general del PP, Mariano Rajoy, dijo respetar la decisión del tribunal, pero advirtió de que "España dejará de ser España" si se aprueba el plan Ibarretxe . A su juicio, el Gobierno debe impedir esa fractura. "Yo le brindo mi apoyo en esta materia", apostilló.

Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, hizo un llamamiento para "reconducir" el plan Ibarretxe desde el Código Penal y el Tribunal Constitucional hacia el Parlamento Vasco y las Cortes, que según dijo, "es donde debe estar, donde se debaten las ideas".

GOBIERNO VASCO Sin embargo, los partidos que forman el Gobierno vasco mostraron su satisfacción ante la respuesta del Constitucional. El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, consideró que la decisión del alto tribunal ha cerrado el debate sobre la tramitación del plan Ibarretxe y lo ha abierto entorno de los contenidos de la propuesta. "La legalidad y legitimidad del debate en sede parlamentaria está ya fuera de toda duda", aseguró Imaz.

Por otra parte, el Parlamento vasco prosiguió ayer con la tramitación del plan. Durante una reunión en la que se debatieron las enmiendas parciales presentadas por todos los grupos, excepto el PP y el PSE-EE, se presentó un informe que sostiene que la consecución de un nuevo marco jurídico político para Euskadi es una "necesidad imperiosa para sanear, apuntalar, consolidar y desarrollar los pilares que van a permitir la segunda transformación económica" del País Vasco ante los nuevos retos.