Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, ha decidido adelantar las elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana, previstas inicialmente para el próximo 26 de mayo, para unirlas a las elecciones generales del próximo 28 de abril, una decisión que ha tomado con la oposición de sus socios de Compromís.

El socialista, tras reunirse en la mañana de ayer con Mónica Oltra, vicepresidenta y líder de Compromís, convocó un pleno extraordinario del Consell para obtener el «acuerdo» necesario para poder seguir con los trámites de esta decisión. No lo logró. Los consejeros de Compromís abandonaron la sala sin que esté claro qué fórmula jurídica se va a utilizar para sacar adelante la convocatoria electoral. Puig tiene dos opciones: hacer uso de su voto de calidad o nombrar a un conseller sin cartera para tener la mayoría para convocar un pleno que dé vía libre al acuerdo. Parece que habría optado por la primera.

Las buenas perspectivas electorales del PSOE para esa cita nacional (ahora mismo la media de las encuestas le da un 26% de voto frente al 20,3% del PSPV en las autonómicas valencianas de 2015), han animado a Puig a hacer uso de la capacidad que tiene la Comunidad Valenciana, como nacionalidad histórica, de tener un calendario electoral propio aunque, paradójicamente, no lo estrenará hasta la siguiente convocatoria pues en esta las urnas coincidirán con las estatales.

La justificación, además de asumir esa singularidad en el 600 aniversario de la Generalitat, apela a la previsión de una mayor participación tras la irrupción de Vox en el panorama político. «En un proceso democrático lo que importa es que sea la máxima gente la que decida el futuro de la Comuniad», deslizó Puig el domingo.

RUPTURA CON COMPROMÍS

La decisión supone una ruptura (se entiende que temporal) con Compromís que ha sido su estable socio de gobierno en estos últimos cuatro años y que teme que unas elecciones en clave nacional le perjudiquen, en parte porque una de sus fortalezas es el voto municipal, aunque también le puede pasar al PSPV.

En las últimas autonómicas, Compromís sacó un 18,1% frente al 25,3% de las generales de 2016 pero en esa cita acudió con Podem y EU, que sumaron casi un 16% en 2015, por lo que su porcentaje fue menor, como le suele ocurrir en las generales.

Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell, aseguró el pasado viernes en la rueda de prensa para dar cuenta de los temas tratados en el pleno que no existen «razones políticas» para un adelanto que entiende partidista. Desde su partido se agarran a que Las Cortes aún deben tramitar la Ley del Juego o aprobar una reforma constitucional por el Derecho Civil valenciano. La líder de Compromís volverá a ser su cabeza de lista.

Podem, por su parte, que ha sido el socio externo del Govern del Botànic se ha mostrado durante el último año (el tiempo que Puig lleva amagando con esta decisión) contrario al adelanto pero sus malas perspectivas electorales le han llevado a cambiar de posición y aceptar el adelanto. Esperan que la reaparición de Pablo Iglesias en la campaña nacional y su unión con Esquerra Unida puede mitigar su esperada caída. De hecho, entre los argumentos que ha manejado el entorno de Puig es que Podem puede sufrir una caída en las convocatoria de mayo que dificulte la reedición del pacto progresista.

La unilateralidad de Puig puede reforzar la idea de Oltra, ya planteada hace cuatro años y a la que no ha renuciado, de tratar de ser ella la presidenta si sigue habiendo mayoría progresista en Les Corts y convence a Podem, como hizo en 2015, de sumar los disputados de ambas formaciones y suman más que los del PSPV. Esa negociación estaría condicionada por la que pueda producirse a nivel nacional si el PP, Ciudadanos y Vox no suman mayoría en el Congreso pero también por otras variables como la alcaldía de Valencia si vuelve a haber posibilidad de un pacto de izquierdas en la capital valenciana.