El presidente cesado, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bruselas no pasaron la noche en prisión. El juez de instrucción responsable de tramitar la orden europea de detención y entrega, cursada el pasado viernes por la jueza Carmen Lamela, decidió la pasada medianoche dejarlos en libertad, aunque con medidas cautelares no recurribles, según confirmaron fuentes judiciales belgas. Son tres: prohibición de abandonar Bélgica; presentarse personalmente cuando les convoquen los jueces o la policía, y residir en una dirección fija.
Puigdemont y los cuatro exconsellers -Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig- deberán comparecer ante la Cámara del Consejo -una especie de Tribunal de Primera Instancia que será la responsable de examinar el fondo de la euroorden belga en un plazo de 15 días- en torno al 20 de noviembre. Más de 14 horas antes, los cinco políticos catalanes se habían entregado, a las 09.17 horas, en la comisaría de la policía federal ubicada en la rue Royal, tal como habían pactado el sábado con la fiscalía de Bruselas. «En presencia de sus abogados, se les ha informado de la orden de búsqueda y captura y se les ha privado de libertad», explicó ayer el portavoz y magistrado Gilles Dejemeppe.
BAJO ARRESTO
Una «privación de libertad obligatoria por ley» tras la cual fueron trasladados en vehículos policiales ya bajo arresto al edificio Portalis, sede de la Fiscalía de Bruselas y del Tribunal de Primera Instancia, para ser interrogados por el juez de instrucción.
El procedimiento tuvo lugar en neerlandés porque ha sido la lengua elegida por Puigdemont y los exconsejeros -podían elegir francés o neerlandés-, que estuvieron prestando declaración al menos cuatro horas y a puerta cerrada, en turnos sucesivos, acompañados por sus respectivos abogados e intérpretes.
En total, los cinco políticos catalanes permanecieron detenidos más de 14 horas. Tras la decisión del juez de instrucción, el caso se trasladará ahora a la Cámara del Consejo que será la responsable de examinar el fondo de la euroorden. Este Tribunal tendrá que verificar que los delitos de los que están acusados en España -rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación- existen también en la legislación belga y que las penas se corresponden. Por ejemplo, la rebelión y la sedición no están en el código penal belga.
PENAS INFERIORES
En el caso de la rebelión -entre 15 y 30 años de cárcel en España-, el código penal belga sí la contempla como delito pero solo cuando se produce contra los agentes de la autoridad policial, no contra el Estado, y con penas muy inferiores en función de si se han utilizado armas o no y si es individual o colectiva.
«Es necesario que los hechos por los que debe ser extraditado existan en el Estado miembro al que piden la extradición», explicó a este diario Anne Weyembergh, experta en euroorden y profesora en el Instituto de Estudios Europeo de la Universidad Libre de Bruselas. Esto significa que si la justicia belga decide que los delitos no se corresponden o incluyen penas desproporcionadas, España no podría juzgarlos ni por rebelión ni por sedición.
La euroorden entró en vigor el 1 de enero del 2004 y en circunstancias normales implica una extradición casi automática en el caso de los 32 crímenes graves recogidos en el mandato. Pero no hay garantías absolutas de que Puigdemont y sus exconsejeros terminarán con celeridad en España, especialmente si alegan riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales, una estrategia que su abogado, Paul Bekaert, ya ha indicado va a seguir.
