Los servicios jurídicso del Gobierno catalán han emitido un informe en el que se defiende la necesidad de que Carles Puigdemont, huido a Bélgica, cuente con un servicio de escolta por su condición de expresidente de la Generalitat, pero a título personal.

El informe cita la ley sobre el estatuto de los expresidentes para asegurar que solo se puede negar la escolta a Puigdemont en caso de que él mismo renuncie a ello o el Paralmento catalán lo decida por una mayoría de dos terceras partes. El texto también se basa en un decreto del 2003 que concluye que los exmandatarios requieren de «servicios de seguridad necesarios» para el desarrollo de sus funciones. El informe añade que deberán ser las autoridades de los países receptores -en la actualidad Bélgica- las que autoricen la entrada de los Mossos. Eso sí, corresponde al ministerio de Exteriores tramitar esta solicitud. Sin embargo, añade el informe que al ministerio «no le corresponde valorar» si otorga o no tal protección.

El ministerio del Interior rechazó hace tan solo unos días poner escolta al expresident en respuesta a la petición que le había realizado la Generalitat. El Gobierno central se basa en un informe de la Abogacía del Estado en el que se afirma que «el expresidente de la Generalitat de Cataluña, físicamente, debería estar en un centro penitenciario», en cumplimiento del Auto del 21 de marzo del Tribunal Supremo. Por tanto, concluye, ponerle «cualquier servicio para su protección» sería innecesario e inviable.

POLICÍA DENUNCIADO

Por otro lado, dos diputados de Esquerra Republicana (ERC) en el Parlamento catalán, Josep Maria Jové y Jenn Díaz, han denunciado a un policía nacional por haberlos «vejado» e «insultado» delante de la comisaría de la Via Laietana de Barcelona.

En la denuncia, los republicanos explican que los hechos ocurrieron el 23 de julio cuando iban caminando hacia el Palau de la Música para participar en el acto de entrega de las cruces de Sant Jordi. Según su relato, al pasar por delante de la comisaría el agente que custodiaba el edificio «uniformado y armado con arma larga, abandonó la posición en la que estaba (...) y se puso a andar unos pasos a nuestro lado». De repente «escupió en el suelo en dirección hacia donde estábamos nosotros» y, «cuando nos dimos la vuelta para mirarlo, entonces el agente nos dijo: ‘hijos de puta’».

Tanto Díaz como Jové destacaron que este episodio les ha generado un profundo «temor y desasosiego» y añadieron que no se trata de un caso aislado: «Venimos sufriendo amenazas, insultos o daños a nuestra propiedad debido a nuestra ideología política desde hace meses por parte de ciudadanos que, presumiblemente, no la comparten».