+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico de Aragón:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

el tablero catalán

Quim Torra desafía el veto de la JEC y mantiene los lazos

Argumenta que no puede retirar la simbología en todos los edificios

 

Fachada del palacio de la generalitat, este miércoles. - elisenda pons

EL PERIÓDICO
14/03/2019

Pocas horas antes de que venciera el plazo para que acatara la instrucción de la Junta Electoral Central (JEC) para retirar lazos amarillos y esteladas ante la cercanía de las elecciones generales, y tras mantener la incógnita durante horas, el Govern emitió ayer una nota, firmada por el presidente Quim Torra (que pilotó la decisión personalmente), en la que da a entender que se mantendrá la pancarta en el balcón del Palacio de la Generalitat a favor de los presos independentistas y «exiliados» junto al símbolo del lazo amarillo. Torra envió el escrito a la JEC contra la decisión de este organismo que obliga a la Generalitat a retirar los símbolos soberanistas, en concreto, los lazos amarillos y esteladas, de todos los edificios públicos.

En el recurso, Torra apela a la libertad de expresión y a la «dificultad legal» de cumplir el requerimiento, sostiene que la estelada no es un símbolo partidista, sino que representa «un anhelo de libertad y una reivindicación democrática» porque así lo determinó el Parlamento catalán en una resolución del 2014, y recuerda que también el Parlament votó el pasado junio en contra de la supresión de los lazos amarillos por 88 votos frente a 40.

En cuanto a la «dificultad legal» de obedecer la orden, alega Torra en su escrito que existen muchos edificios públicos en toda Cataluña que no son propiedad de la institución o que no son gestionados directamente por la Generalitat. Y apela a la «libertad de expresión» como derecho fundamental del que gozan los funcionarios públicos y todo el personal al servicio de la Administración, sin perjuicio de lo que indica el estatuto de los empleados públicos sobre la «imparcialidad» y el «bien común» que ha de guiar su actuación.

Por todo ello, Torra pide que se reconsidere la decisión de la JEC, pero mantiene las pancartas y, en especial, la que cuelga del Palacio de la Generalitat. A este respecto, fuentes del Govern apuntan que existen soluciones imaginativas para responder a la prohibición sin desobedecerla, como mantener la pancarta en favor de los «presos políticos y exiliados» pero sin el lazo amarillo.

Aparte de la sanción económica por incumplimiento, de entre 300 y 3.000 euros, fuentes jurídicas explicaron que la JEC tiene capacidad coercitiva indirecta, es decir, que en caso de incumplimiento de sus acuerdos pueden pedir que se investigue si Torra ha incurrido en un delito de desobediencia. En el caso del president, esto correspondería al TSJC, al estar aforado. También cabe trasladar el caso a la fiscalía para que presente la correspondiente querella ante el tribunal superior catalán. No es descartable que la JEC haga un segundo requerimiento a Torra antes de recurrir a los tribunales, informa Ángeles Vázquez.