El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido este jueves tras el Consejo de Ministros extraordinario y ha dado cuenta de que ha pedido a la Abogacía del Estado que presente recursos de inconstitucionalidad contra la ley del referéndum, el decreto de convocatoria, las normas normas complementarias que lo acompañan, y la resolución del Parlament que ha designado a cinco miembros de la sindicatura electoral.

Por primera vez, el presidente ha advertido que la celebración de un "referéndum ilegal" rompería la soberanía nacional y "acabaría con el régimen de autogobierno de Catalunya". Esta idea ha estado presente en varias ocasiones en el discurso que ha leído desde el palacio de la Moncloa.

Ha defendido que lo ocurrido este miércoles en el Parlament deslegitima las instituciones catalanas y pone en juego su futuro. "El Gobierno está defendiendo el autogobierno de Catalunya y la dignidad de sus instituciones. Se ataca al autogobierno de Catalunya cuando se ataca la Constitución , donde nace su legalidad", ha advertido.

El presidente ha comparecido para confirmar que el Ejecutivo ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que anule las decisiones y las suspenda inmediatamente, sin esperar a la sentencia. También reclama a los jueces que notifiquen "personalmente" la suspensión al president, al Govern en pleno, a los altos cargos relacionados y a los 947 alcaldes catalanes, que deben ser informados de su "deber de impedir o paralizar" cualquier iniciativa tendente a la celebración de la consulta. En total, la notificación llegará más de 1.000 personas, incluido los medios de comunicación públicos catalanes, por los anuncios sobre el 1-O que pudieran emitir.

En respuesta a la tramitación de este jueves en el Parlament, Rajoy ha firmado también un incidente de ejecución de sentencia por la admisión a trámite de la ley de transitoriedad. Si esta se aprueba a lo largo del día, este viernes se impugnará, tras una reunión del Consejo de Ministros.

LA ADVERTENCIA

Rajoy ha exigido al Govern que deponga la "escalada de crispación y autoritarismo" y ha insistido en que el Gobierno no va a permitir que el referéndum se celebre. "Esa consulta por más que se trate de imponer de forma chapucera no se va a celebrar. Ni el Gobierno ni los tribunales pueden tolerarlo bajo ningún concepto", ha señalado.

Ha argumentado que el 1-O supone una clara "desobediencia" a las normas y la legalidad. Por ello, ha avisado a Puigdemont de que hará todo lo necesario, "sin renunciar a nada", para defender la soberanía nacional.

En una larga alocución, en la que no ha admitido preguntas, ha lanzado a la sociedad española un mensaje de tranquilidad, ha pedido a la oposición apoyo en las medidas a adoptar para frenar el referéndum y ha dado las gracias a los letrados del Parlament y los funcionarios que el miércoles se opusieron a la publicación de la ley de la consulta.

En la misma línea, ha pedido al Govern que no siga "dividiendo a la sociedad catalana y acosando a los discrepantes", y que cejen ya en la "escalada de ilegalidad, crispación y autoritarismo".