El Gobierno central ha mandado este miércoles un recado a sus dos socios principales esta legislatura, Ciudadanos y PNV. Si no se avienen a pactar los Presupuestos de 2018 (los de Albert Rivera por sus peticiones de regeneración democrática y los nacionalistas por estar todavía vigente el artículo 155 en Catalunya) Mariano Rajoy los mantendrá prorrogados y los volverá a extender el año que viene en caso de que la situación se enquiste. Que nadie se piense que el jefe del Ejecutivo va a adelantar las elecciones generales por no tener unas nuevas Cuentas, es el mensaje de este miércoles en los pasillos del Congreso.

Según fuentes de la Moncloa y del Ministerio de Hacienda, la Constitución no obliga a elaborar unos Presupuestos cada año. Lo único que prevé la Carta Magna es que siempre haya Cuentas y que se vayan prorrogando las anteriores. Así que, si técnica y legalmente es posible hacerlo, Rajoy está dispuesto a aprovechar ese margen y quitarse esa presión ahora. Otra cosa es lo que le pueda interesar políticamente al líder del PP cuando llegue el momento. El poderío de Ciudadanos en las encuestas y el resultado de las elecciones municipales y autonómicas del 2019 serán clave para ver si Rajoy se decide a apretar el botón electoral o no.

José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, ha insistido este miércoles en que su partido apoyará los Presupuestos si el PP destituye a PIlar Barreiro, senadora investigada en la operación Púnica, y equipara los salarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil con la de los cuerpos autonómicos. Por su parte, el PNV no quiere sentarse públicamente a hablar de las Cuentas mientras siga la intervención de la Generalitat y no haya un nuevo Gobierno catalán.

Actualización por partes

En el Ministerio de Hacienda ya están preparados en el caso de que este año no pueda haber acuerdo, un pacto que en circunstancias normales tendría que llegar antes del 30 de marzo para que diera tiempo a la tramitación antes de la elaboración de los siguientes. Cristóbal Montoro debería traer "a partir de abril o mayo" reales decretos ley para actualizar algunas de las partidas, como las que se refieren a la oferta pública de empleo o las pensiones. En ese escenario, el Gobierno lo tendría más fácil para sacarlas adelante, puesto que llegarían pactadas con los sindiatos, un argumento que pesaría en la decisión de todos los partidos de la oposición, incluido el PSOE.

El techo de gasto, una obligación que introdujo Bruselas para controlar a los países con déficit, sí que se podría aprobar en verano, añaden fuentes de Hacienda. Los socialistas ya le hicieron el favor a Rajoy de apoyárselo en 2016 a cambio del aumento del salario mínimo interprofesional.