El Gobierno central quiso dejar claro ayer que Mariano Rajoy no está obligado a adelantar las elecciones generales en caso de no poder sacar adelante los Presupuestos del 2018 ni los del 2019. Fuentes de la Moncloa y del Ministerio de Hacienda subrayaron que la Constitución no exige la aprobación de unas cuentas nuevas cada año. Lo único que prevé la Carta Magna es que siempre haya unos Presupuestos en vigor y eso ocurre de manera automática porque se prorrogan los anteriores (como ha pasado este año).

Así que, si técnica y legalmente es posible hacerlo, los de Rajoy advierten de que podrían aprovechar ese margen, una manera de tratar de quitarse la presión a la que le están sometiendo sus dos socios prioritarios, Ciudadanos (Cs) y Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los de Albert Rivera les recuerdan cada día que no apoyarán las cuentas si no destituyen a la senadora Pilar Barreiro por estar investigada en la trama Púnica (un argumento con el que ponen el foco constante en los múltiples casos de corrupción del PP) y los nacionalistas vascos les afean también su inacción política en Cataluña y les avisan de que no se sentarán con Rajoy hasta que el 155 acabe.

Cansados de esta pinza, en el Gobierno y en el PP han encontrado esta salida argumental, con la que intentan aliviar la delicada situación en la que están tras el avance de Cs en las encuestas, los nuevos episodios de corrupción en torno a los populares y el hecho de que el PNV esté defendiendo incluir el derecho a decidir en el Estatuto de Gernika.

HAY MARGEN PARA APROBARLOS

Rajoy es el único que puede tomar la decisión de acabar la legislatura y adelantar las generales. Ese botón electoral solo lo tiene él y decidirá en su momento si políticamente le interesa apretarlo o no. Claves serán las elecciones municipales y autonómicas de la primavera del 2019, la expansión de Cs en toda España y la situación que el político gallego tenga en ese momento dentro de su partido. «Lo deseable, sin embargo, es sacar adelante los Presupuestos este año y hay margen todavía para hacerlo», señala un alto cargo de la Moncloa.

En Hacienda están preparados en el caso de que este año no pueda haber acuerdo; un pacto que en circunstancias normales tendría que llegar antes del 30 de marzo para que diera tiempo a la tramitación antes de la elaboración de las siguientes. En ese escenario, Cristóbal Montoro explicó ayer en el Congreso que llevaría «a partir de abril o mayo» reales decretos ley para actualizar algunas partidas, como las que se refieren a la oferta pública de empleo y las pensiones. El Gobierno lo tendría fácil para sacarlos adelante, puesto que llegarían pactados con los sindicatos, un argumento que pesaría en la decisión de todos los partidos de la oposición, incluido el PSOE.

Fuentes de Hacienda señalaron que la creencia de que un Ejecutivo no puede gobernar sin Presupuestos ha quedado «obsoleta», porque puede hacerlo siempre que cumpla las previsiones de los cuadros macroeconómicos que se presentan ante la UE.

La competición de Cs y PP por los electores del centroderecha se está agriando estos últimos días. El descalabro en las encuestas ha endurecido el discurso de la dirección popular hacia su socio. Ayer, ambos partidos compitieron por quién defendía mejor la unidad de España en la sesión de control y el PP volvió a pedir la dimisión de Rivera por el informe del Tribunal de Cuentas que no avaló la contabilidad de Cs.

Este organismo ha detectado que el partido naranja incurrió en un incumplimiento susceptible de constituir una infracción: pagos de terceras personas contabilizados como donaciones en especie por valor de 14.000 euros. El PP ha convocado hoy en la comisión sobre financiación de los partidos políticos del Senado, a varios exmiembros de Cs que acabaron mal con Rivera para hablar de las cuentas.