Mariano Rajoy no se ve reconduciendo la grave crisis institucional con Carles Puigdemont ni con Oriol Junqueras de interlocutores. En la Moncloa empiezan a dar por hecho que habrá urnas mañana en Cataluña («botifarradas», dijo el ministro de Justicia, Rafael Catalá), pero el resultado de la votación no tendrá ninguna «legitimidad», subrayan, por lo que confían en que la Generalitat no llegue a declarar la indepedencia unilateral, detenga el procés y vuelva al marco de la ley.
En ese contexto, según fuentes gubernamentales, lo más conveniente sería que Puigdemont convocara elecciones y dimitiera. «[Puigdemont y Junqueras] están descalificados por tanta deslealtad», aseguraron el viernes estas fuentes.
«El único diálogo que tendrá el señor Puigdemont creo que será con la justicia», llegó a decir por la mañana la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en una entrevista con RNE. En esa línea, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió de que el jefe del Ejecutivo catalán y sus socios deberán «cumplir con las responsabilidades personales y patrimoniales que les adjudiquen los tribunales».
SIN ENFRENTAMIENTOS
La principal preocupación del Ejecutivo central es que no haya enfrentamientos en las calles. Méndez de Vigo aseguró que el Gobierno cumplirá con su obligación de hacer respetar las leyes respondiendo «con firmeza» a la vez que intenta «preservar la concordia cívica» y no debilita «más el equilibrio social maltrecho por la fractura producida por los secesionistas». El ministro portavoz reclamó a las autoridades catalanas que copien esta actitud para que haya «paz». Asimismo, recordó que los Mossos «son Estado» y, por tanto, está «seguro» de que cumplirán «la ley y el mandato del juez».
El Gabinete conservador siguió ayer tomando medidas contra el referéndum y la Agencia Española de Protección de Datos advirtió a los integrantes de las mesas electorales de que pueden incurrir en infracciones que se castigan con multas entre 40.000 y 300.000 euros, aunque la Generalitat respondió que la competencia es de la comunidad. Además, Fomento ordenó restricciones del espacio aéreo sobre Barcelona y alrededores entre ayer y el lunes por motivos de seguridad.
En la última rueda de prensa antes del referéndum, Méndez de Vigo insistió en que el Ejecutivo quiere seguir siendo «proporcional» en la respuesta que da a los soberanistas. Un adjetivo que se le recordó para plantearle si consideraba «proporcional» el vídeo del PP titulado Hispanofobia, en el que el partido recoge algunas declaraciones de independentistas. El ministro dijo que no lo había visto, pero añadió que no cree que «en ningún caso sea bueno» dar ningún paso que «contribuya a la ruptura de la convivencia».
Mañana domingo, Rajoy seguirá el desarrollo del referéndum en la Moncloa con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, Méndez de Vigo y sus principales asesores. También estará en contacto con los ministros más afectados por la consulta, como Rafael Catalá y el de Interior, Juan Ignacio Zoido. Y con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que por ahora mantienen el apoyo al Gobierno frente a la deriva independentista de la Generalitat. Según como discurra la jornada, es probable que salga algún representante del Ejecutivo a analizar el estado de la cuestión. En el 9-N del 2014 lo hizo Catalá.
PEDRO SÁNCHEZ, EN FERRAZ
Por su parte, Pedro Sánchez seguirá el desarrollo de la jornada desde la sede socialista de Ferraz, acompañado por miembros de su equipo más próximo, y Ciudadanos lo hará en Barcelona. Podemos ha optado por un perfil bajo y hasta ayer no tenía convocada ninguna reunión específica para mañana.
