Mariano Rajoy avisó ayer a José Luis Rodríguez Zapatero del "colosal disparate" que supondría excluir al Partido Popular del consenso de la reforma estatutaria en comunidades que, como Cataluña, pueden acordar un nuevo Estatuto sin contar con los conservadores en los parlamentos autonómicos y en el estatal. El líder del PP recordó que supondría romper un consenso en el que siempre han estado los dos grandes partidos españoles, y que no se ha roto desde la aprobación de la Constitución.

La advertencia la hizo Rajoy después de que un cónclave de presidentes autonómicos y líderes regionales del PP, reunidos en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla (La Rioja), elaborase lo que denominaron la Declaración de San Millán, centrada en el debate sobre las reformas territoriales. La reunión también contó con la asistencia de Angel Acebes, secretario general adjunto, y los portavoces parlamentarios del Congreso, Eduardo Zaplana; el Senado, Pío García Escudero, y la Eurocámara, Jaime Mayor Oreja.

Esta declaración elaborada en la reunión será llevada a la conferencia de presidentes convocada por Zapatero para el próximo noviembre y se utilizará asimismo como documento de trabajo en el próximo congreso del PP de principios de octubre.

DOBLE CONSENSO Los dirigentes territoriales del PP reclamaron a Zapatero que las reformas estatutarias se hagan por "doble consenso". Deberán contar tanto con el acuerdo de las fuerzas políticas de la comunidad autónoma cuyo estatuto se pretende reformar como con el consenso del Gobierno y la oposición en las Cortes, "que representan a la mayoría del pueblo español".

Rajoy tradujo ese doble consenso poniendo como ejemplo la reforma del Estatuto catalán y explicó que, aunque puede prosperar tanto en Cataluña como en Madrid por la suma de los votos del resto de partidos, los socialistas cometerían un gran error, porque romperían "el consenso que ha existido desde 1978".

El secretario general del PP aclaró a este diario que el aviso no supone excluir la participación en las negociaciones que se lleven a cabo sobre la reforma de la Constitución, como es el caso del Senado, donde los votos de los conservadores resultan imprescindibles. El PP no estará en la línea de o negociamos todo o no se negocia nada, destacó. De lo que se trata, dijo, es de precisar la posición propia y dejar que los socialistas asuman el desgaste político de romper el consenso sostenido entre los dos grandes partidos españoles.

LOS DETALLES De hecho, los dirigentes regionales del PP acordaron exigir al presidente del Gobierno transparencia y claridad de ideas y objetivos. Sobre todo, que especifique qué quiere reformar exactamente, y cómo, cuándo, para qué y a cambio de qué va a hacerlo. En ese punto, Rajoy reclamó que el presidente comparezca en el Congreso para precisar de sus planes.

Lo que no cuajó en el cónclave fue la idea de presionar al Gobierno paralizando las reformas en las comunidades autónomas que gobierna el PP. Cada presidente seguirá reclamando lo suyo en los próximos procesos negociadores.

De esta manera, se mantienen vivos desde el deseo de los alcaldes del PP de convertir en comunidades autónomas a Ceuta y Melilla, hasta la reclamación que realiza el valenciano Francisco Camps de tener la potestad de disolver las Cámaras o generar el mismo déficit que Cataluña, pasando por el cambio de circunscripciones electorales que plantea la madrileña Esperanza Aguirre, las modificaciones fiscales que plantea el balear Jaume Camps o incluso la reforma del Senado que reclama Manuel Fraga.

ARCHIVO DE SALAMANCA El acuerdo reclama también que se garantice el respeto y el mantenimiento de los símbolos y elementos culturales del "patrimonio común de todos los españoles". Rajoy explicó que recogió ayer la petición del presidente de Castilla y León, Vicente Herrera, de que no se toque el archivo histórico de Salamanca.