En la sesión del juicio del procés de ayer tuvo un especial protagonismo la piedra angular de la causa: la violencia. Dónde hubo, quién la cometió y con cuánta intensidad. Y la declaración del exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto -la más larga de los testigos que han comparecido hasta ahora, tanto que obligó a cambiar el calendario y a dejar al entonces delegado del Gobierno para hoy- sirvió para verbalizar las distintas percepciones con las que se vivieron las jornadas claves que se juzgan, y con ellas las distintas responsabilidades.

Nieto utilizó las expresiones de «realidad paralela« y »alternativa» para describir cómo el Gobierno de Mariano Rajoy vivió, por ejemplo, la protesta del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía. «Es de las primeras cosas que nos permitió advertir que su percepción de la realidad era distinta a la nuestra», porque el exconseller Joaquim Forn no reconocía la necesidad de que se trasladaran efectivos y, lo «que nos sorprendió especialmente», negaba que hubiera habido «una concentración tumultuosa», porque decía que la realizada había sido «pacífica, ordenada y familiar». Para el exsecretario de Estado el mero hecho de que la secretaria judicial tuviera que salir por el tejado supone violencia.

REUNIÓN SURREALISTA

Otra diferencia clave quedó patente en la reunión «surrealista» de la junta de seguridad del 28 de septiembre. «Estábamos en una mesa para debatir la coordinación para parar el 1-O con los mismos que lo habían convocado. Decían que había una parte de la población que decía que la ley era lo aprobado en el Parlament. Nosotros, que se tenía que cumplir la ley. Y la sensación era que la Generalitat no quería. Insistimos en que cuando se actúa como policía judicial los políticos tenemos una misión organizativa, pero el mandato es de la autoridad judicial». Para aumentar el surrealismo, contó que se llegó a plantear al entonces presidente del Generalitat, Carles Puigdemont, que se «simulara» el referéndum «en plazas o lugares abiertos, donde no se fuera en contra del mandato judicial».

Según su versión, esa actitud explica el uso de la fuerza de la Policía y de la Guardia Civil el 1-O, aunque la definió del «mínimo imprescindible». Lo atribuyó por un lado a la inactividad de los Mossos y por otro a que los Comités de Defensa de la República (CDR) «tenían una misión inicialmente organizativa», que, en su opinión, «derivó en una actitud violenta o en facilitarla», de forma organizada con otras organizaciones, como la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Cuando las defensas le pidieron más detalles citó el 20 de septiembre y ni mencionó las huelgas generales de octubre, pese a que venía con la lección mucho mejor aprendida que el ex ministro Juan Ignacio Zoido.

REPLIEGUE AL SER RODEADOS

Respecto a los Mossos sí se mantuvo firme. Criticó que el 1-O hubo 7.800 mossos, mientras que para unas elecciones legales, como las del 21-D -celebradas con el 155 ya desplegado-, hubo 11.600. Eran unos efectivos «insuficientes, ineficaces e inadecuados» para cumplir el mandato judicial de «impedir el 1-O», por lo que los considera más encaminados «a dar una apariencia de legalidad», que de otro modo «no había intención de impedir el referéndum ilegal sino más bien de legitimarlo».

Negó tajantemente las cargas policiales. «Hubo un empleo de la fuerza por parte de la Policía y la Guardia Civil llamativo en algunos sitios, pero solo para conseguir un repliegue de la gente porque una unidad no puede ser rodeada o aislada», explicó.

Y como si tratara de convencer a las defensas insistió: «Lo normal es que cuando la Policía le pide a alguien que haga algo, la gente lo cumple; lo anormal es lo que ocurrió en Cataluña»; «la fuerza hay que utilizarla cuando alguien impide la acción de la justicia», y «quien puede ejercer la fuerza es la Policía en cualquier país del mundo; lo que intentan es convencernos que la que ejerce otra persona está bien y la de la Policía, mal». Sus palabras parecieron desesperar al otro lado, y Forn le acusó de mentir con un tuit desde el banquillo de los acusados.

Según el testigo, es una «estrategia que mediáticamente funcionó», por la que la noticia deja de ser que un perro muerde a un niño para convertirse en que «quien estaba haciendo algo malo era la Policía», cuando lo que ocurría es que se iba «incrementando la virulencia» de los cortes de carretera y concentraciones.

El resto del interrogatorio abandonó momentáneamente la violencia para centrarse en la actividad del Parlament, en la que el actual presidente, Roger Torrent, se quedó solo en su defensa de Carme Forcadell. El más contundente fue quien era el letrado mayor de la Cámara, Antonio Bayona, que contradijo a todos al recordar antecedentes de iniciativas parlamentarias rechazadas por la Mesa por cuestiones de fondo, no de forma. El secretario general del Parlament Xavier Muro no recordó antecedente alguno en el que se desoyera el criterio de los servicios jurídicos. Para entonces ya había señalado que se adviritió de que ante un incumplimiento palmario tenían que inadmitir la proposición de resolución.