El realojo de las familias que ocuparon durante más de dos años un bloque de pisos vacios, conocido como la Corrala Utopía, ha provocado la primera crisis seria de Gobierno entre PSOE e IU en Andalucía. Aunque ambas formaciones tratarán de reconducir este jueves el desencuentro, la presidenta del Ejecutivo Susana Díaz tiene previsto retirar este jueves las competencias de Vivienda a la coalición de izquierdas.

Las primeras tiranteces comenzaron ya por la mañana. Ante la negativa del Ayuntamiento de Sevilla a alojar a las familias, que, tras ser desalojadas el domingo, estaban acampadas ante las puertas del Consistorio, la Consejería de Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía, dirigida por Elena Cortes (IU), anunció por su cuenta que asumía el realojo de dichas familias, ya fuera en viviendas públicas o en alquileres temporales, al entender que se trataba de situaciones "excepcionales". Vivienda y Fomento ha estado muy involucrada con estas familias desde el primer momento, e incluso estaba a punto de firmar un acuerdo con la entidad bancaria propietaria del inmueble ocupado que se frenó por el desalojo policial del domingo.

La decisión de la Consejería provocó reacciones inmediatas. Desde el Ayuntamiento alegaban que no tenían viviendas de protección oficial desocupadas, y que de tenerlas, había una lista de más de 12.000 personas esperando para acceder a ellas. En esta línea, la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, advirtió que no se admitiría ninguna solución que no pasara por "el respeto escrupuloso a la ley" que regula la concesión de viviendas públicas.

Respeto "escrupuloso" de las listas de espera

Y aquí es donde radica precisamente el conflicto. PSOE e incluso PP en el Ayuntamiento hispalense consideran que realojar estas familias supondría despreciar a las que están a la espera de una vivienda pública por los cauces oficiales, muchos de ellos también con riesgo serio de exclusión. Una tesis subrayada durante la mañana por el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, que incluso apuntó la posibilidad de una solución transitoria en otros alojamientos para las familias con niños.

Por su parte, IU alega que debido a lo excepcional de su situación, tienen obligación de darles una respuesta rápida, como señala la propia normativa sobre viviendas públicas y como han argumentado los tribunales que ordenaron el desalojo, que pedían que se diera "de inmediato una salida a las familias" con mayor riesgo.

El momento más tenso se produjo ya por la noche, cuando la Consejería de Vivienda desoyó a la presidenta y empezó a entregar las llaves de viviendas a las familias afectadas. La reacción fue inmediata, y poco después Díaz ordenaba el decreto para retirarle las competencias. Ambas formaciones tratan de minimizar el desencuentro, que tildan de "incidencia puntual" (PSOE) o "disparidad de criterio" (IU), por lo que tratarán de reconducir durante las próximas horas la mayor crisis de gobierno vivida hasta ahora por el Ejecutivo de coalición.