Las fuerzas y cuerpos de Seguridad han recuperado 85 coches robados en diferentes países de la Unión Europea en una operación internacional contra el fraude y apropiación indebida de vehículos que se ha saldado con dieciséis personas detenidas o imputadas.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, la operación denominada Cruses se ha desarrollado durante nueve meses y ha sido llevada a cabo por la Secretaría de Estado de Seguridad en colaboración con el Grupo de Investigación de la Agrupación de Tráfico.

A los 16 arrestados o imputados se les imputan los delitos de estafa, receptación o apropiación indebida.

Los ahora detenidos está acusados de comercializar legalmente en terceros países los vehículos, que luego eran denunciados como robados o apropiados indebidamente en el país de origen. De este modo estafaban a las compañías aseguradoras y a los compradores.

La mayoría de los coches eran legalizados y comercializados en España con su documentación original, ya que en el momento de las tramitaciones no pesaba ninguna orden de búsqueda de estos vehículos.

En la operación han sido analizados 37.640 vehículos con órdenes de búsqueda en vigor de diferentes países de la UE durante los años 2006-2012.

El análisis concluyó que había 233 vehículos matriculados en España con órdenes de búsqueda en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia), junto a otros 121 buscados en España.

El Ministerio ha subrayado que la operación Cruses es fruto de una intensa labor de investigación y coordinación de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS) de la Secretaría de Estado de Seguridad con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Fue en octubre de 2013 cuando se abrió una importante línea de investigación a raíz del cruce de información entre la Base de Datos de Señalamientos Nacionales (BDSN) con diversos vehículos registrados y matriculados en la Dirección General de Tráfico.

Al detectarse actividades irregulares, los citados organismos de la Secretaría de Estado y de la Guardia Civil colaboraron junto las jefaturas provinciales de Tráfico, las delegaciones de Hacienda y las ITVs.