El Tribunal Constitucional justificó ayer su rechazo a los recursos del Gobierno de José María Aznar contra la tramitación del plan Ibarretxe con el argumento de que el acuerdo del Gobierno vasco de iniciar el debate parlamentario del plan soberanista es una de sus competencias que "no puede ser cuestionada o discutida". Entender lo contrario, dice el fallo judicial, "sería desconocer la lógica del sistema democrático parlamentario", ya que el Parlamento es la sede natural del debate político y el Gobierno uno de los "sujetos habilitados para propiciarlo".
Así reza el auto del Constitucional que avala, por siete votos a cinco, el debate del plan Ibarretxe en la Cámara vasca. El alto tribunal considera que no se puede condicionar anticipadamente "la suerte de ningún debate, so pena de someter el Parlamento a tutelas inaceptables".
Además, el Constitucional subraya que la admisión a trámite de los recursos del Ejecutivo del PP habría conducido irremisiblemente a la suspensión de ese debate. Esa consecuencia, según los jueces, "desnaturalizaría irremediablemente los principios fundamentales de la democracia parlamentaria".
Asimismo, tilda la iniciativa del Gobierno de Aznar de "remedio jurisdiccional preventivo", ya que pretendía atajar "la inconstitucionalidad" de una propuesta antes de que cristalizara en una norma jurídica. Los jueces señalan que esa propuesta soberanista está aún sometida a una serie de avatares que pueden alterar su contenido o frustrarse.
El alto tribunal también notificó hoy los votos particulares firmados por los cinco magistrados que consideran que debió admitirse a trámite el recurso del Gobierno. Entre ellos, el del presidente del tribunal, Manuel Jiménez de Parga, que señala que las violaciones de la Constitución que recoge el Plan Ibarretxe son tan numerosas y evidentes que no hay que esperar a apreciarlas a que finalice un largo proceso.
