Este es el relato del naufragio de una legislatura atípica que se hunde de pronto en una colisión tan previsible como sorprendente, que deja al conflicto político en Cataluña sin esperanza de resolución y al Gobierno al alcance de un tripartito de ultraderecha por primera vez en la historia.

Cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Quim Torra empiezan a negociar no hay razones para el optimismo, pero sí para cierta esperanza. Es verano. El socialista está en plena luna de miel tras conquistar la moción de censura. Los dos presidentes se reúnen en la Moncloa, Mariano Rajoy ha vuelto al registro de la propiedad y Torra proclama que se ha abierto una «nueva etapa». Sopla viento de cola para el Gobierno bonito. El Govern, en cambio, tiene que bascular entre dos polos: el del maximalismo y el de la vía posibilista. Polos que responden a las dos almas que conviven en el independentismo.

Sánchez tiene muy claro esto. Antes de ver al president ya ha habido una reunión bilateral Gobierno-Generalitat que peligró porque los soberanistas se empeñaban en incluir en el orden del día el debate sobre el referéndum y que se salvó con una fórmula para los anales de la diplomacia.

EL PLAN B DEL GOBIERNO

El otoño llega con escollos y el Gobierno activa, en paralelo, un plan por si el diálogo fracasa. El gabinete presidencial está convencido de que los independentistas bloquearán el Presupuesto para presionar, de modo que se preparan para un escenario que incluye el fracaso de las Cuentas públicas, elecciones en abril y pactar en una misma jugada el Gobierno central y los autonómicos, tras los comicios del 26-M. El plan está preparado a la espera de acontecimientos.

Llega la cita en Barcelona a las puertas de navidades. Contra pronóstico, Sánchez y Torra pactan la declaración de Pedralbes y ambas partes salen aparentemente satisfechas. Miembros del Gobierno, dirigentes del PP, Podemos y el independentismo posibilista dan por hecho públicamente que habrá Presupuestos y que la legislatura se agotará el 2020.

A principios de febrero, en la esfera política de Madrid (gabinete presidencial al margen) se acaricia el pacto, pero se tensan los nervios por el inicio del juicio al procés. La calle, explican dirigentes soberanistas, no va a entender un apoyo a los Presupuestos.

El Ejecutivo conoce esa presión y se ha abierto a incluir en la mesa de partidos formaciones estatales e incorporar una figura que dé testimonio de lo que sucede en las reuniones, dos reivindicaciones de los independentistas, pero nada de esto ha trascendido. Y entonces, se desata la tormenta. A primera hora del martes 5-F el líder del PSC, Miquel Iceta, habla en una entrevista en TV3 de esa figura de facilitador. PP y Ciudadanos salen en tromba a hablar de cesión a los soberanistas y de «humillación». Desde el Gobierno y del PSOE en Madrid no comprenden porqué Iceta habló de ello, cuando era algo que, si bien estaba ya en las conversaciones, no estaba suficientemente madurado. En todo caso, aseguran, el dirigente catalán «habló en su nombre» y no trasladando un globo sonda del Ejecutivo. Fuentes del PSC alegan que la propuesta del Gobierno estaba ya por escrito y que Iceta no dijo nada que no hubiesen contado antes dirigentes del PDECat, informa Roger Pascual.

Por la tarde, la vicepresidenta, Carmen Calvo, improvisa una respuesta en los pasillos del Senado para calmar los ánimos pero el incendio continúa, alimentado por la derecha. Y no solo. Ese mismo día, la consellera Elsa Artadi, responde en una rueda de prensa en la que le preguntan por si la autodeterminación debe incluirse también que sí: «Creo que se ha de incluir esto».

La Moncloa, consciente de la situación, convoca al día siguiente, miércoles 6-F, una rueda de prensa para explicar la figura del relator. Calvo comparece, aún medicada por unos implantes dentales que le han colocado. A pesar de su empeño, la tensión no se rebaja. Los barones socialistas critican a Sánchez. Las derechas convocan una manifestación en la madrileña plaza de Colón.

MÁXIMA PRESIÓN

Es jueves. Los independentistas repiten en cada entrevista pública la condición del derecho de autodeterminación. Calvo aprieta a Artadi y al vicepresident, Pere Aragonès, que piden más tiempo y sienten que el Gobierno tiene prisa. El viernes termina el plazo para retirar las enmiendas a la totalidad al Presupuesto. Los socialistas quieren que ERC retire la suya y que el PDECat no la registre. En la Moncloa Sánchez está a punto de tomar una decisión. Habla con Calvo hasta tarde y concluye que han llegado a un punto de no retorno. El viernes los posconvergentes presentan su enmienda de devolución en el Congreso. Calvo habla con Artadi antes de entrar al Consejo de Ministros, de hecho, entra tarde y sale algo antes de que termine la reunión. Vuelve a llamar a sus interlocutores, esta vez con Sánchez presente. A la una y media la vicepresidenta envía una última propuesta. Con el relator y mesa de partidos estatal pero sin la palabra «referéndum». El Govern pide más tiempo. A Sánchez se le ha agotado la paciencia. A las 13:55 Calvo escribe «Entiendo que es un no. Suerte» y sale en rueda de prensa a informar de que las conversaciones han encallado. «Eres una jabata», le piropea Sánchez.

FIN DE LA LEGISLATURA

El Gobierno da por muertos los Presupuestos y la legislatura. De nada ha servido al final la complicidad que Artadi y Calvo tejieron durante estos meses. Dicen fuentes cercanas a la vicepresidenta que no por falta de voluntad de la consellera sino por el mandato de Waterloo. Los independentistas sostienen que Sánchez cedió a la presión de las derechas. «Fueron ellos los que se levantaron de la mesa», apunta una fuente conocedora de las negociaciones. También indican que el Gobierno les trasladó que tenían encuestas que recomendaban elecciones siempre que se rompiese pronto con el independentismo. «Y eso hicieron. Actuaron con cobardía, sin ninguna altura de miras ni visión a largo plazo y atenazados, siempre, por el miedo a una repercusión electoral», apunta dicha fuente.

El domingo por la tarde, tras el pinchazo en la manifestación de las derechas, Sánchez decide convocar elecciones. De nada sirven los intentos desesperados de Pablo Iglesias antes de la votación del miércoles. Aunque redacta un documento y habla con todas las partes, Sánchez no va a dar marcha atrás. Lleva meses avanzando en el plan electoral. Vuelve a sentirse un candidato. La ruptura con el independentismo se ha visto en directo en todas las televisiones. Tiene encuestas. Las derechas movilizan menos de lo previsto. Y el resto lo decidirá la campaña porque el presidente del Gobierno confirmará previsiblemente hoy el

adelanto electoral y desvelará la fecha de los próximos comicios generales, que podrían celebrarse esta primavera, antes de las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Sánchez tiene previsto comparecer a las diez de la mañana tras presidir una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros convocada para una hora antes.