A veces cuando parece que todo está atado, la vida da un giro inesperado y te pone donde nunca creíste estar. Algo parecido le ha pasado al rey Juan Carlos. Desde su caída en Botswana nada es como era, pero ahora, además, ha visto cómo la tranquilidad que sin duda esperaba al abdicar y retirarse de la vida pública se ha alterado hasta tal punto que pende sobre él la amenaza de cuando menos verse salpicado por un procedimiento judicial.

Seguramente consciente de ello es por lo que ha designado a un antiguo fiscal ahora prestigioso abogado, Javier Sánchez-Junco, para que le represente, pese a no estar formalmente imputado en causa alguna. El riesgo le llega por dos vías, después de que se haya sabido que la fiscalía suiza investiga una donación de 65 millones de euros procedente de Arabia Saudí que se habría depositado en una cuenta abierta en el banco privado Mirabaud, a nombre de la Fundación Lucum, de la que su hijo, Felipe VI, aparecería como beneficiario.

Dos vías

Una de esas vías es el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, actual instructor el 'caso Villarejo', que dio origen a la investigación suiza gracias a los audios grabados por el excomisario a Corinna Zu Sayun-Wittgenstein, en los que oye relatar a la amiga del monarca sus presuntas irregularidades. El anterior instructor, Diego de Egea, archivó las actuaciones en cuanto tuvo una petición en este sentido de la Fiscalía Anticorrupción, que eximía al Rey de toda responsabilidad al considerar insuficientes los indicios contra él.

Ahora tanto García-Castellón como Anticorrupción han solicitado a Suiza la información que tenga sobre las donaciones recibidas y que luego él habría reenviado a Corinna. El juez quiere decidir con esos datos si debe reabrir la pieza Carol.

La fiscalía abrió unas diligencias de investigación en diciembre para determinar si hay materia para investigar el pago de las comisiones en el AVE a La Meca que denunciaba Corinna zu Sayn-Wittgestein en la grabación. Si, con la ayuda de los datos que le mande su homólogo suizo, considera que hubo delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales y de cohecho, cometidos por ciudadanos españoles y extranjeros fuera de España, presentará la correspondiente querella en la Audiencia Nacional.

Si considera que hay indicios de la implicación de Juan Carlos en ellos y la inviolabilidad que tenía como jefe del Estado ya no le protegería, porque los delitos se hubieran seguido cometiendo tras renunciar al trono, deberá dirigirse al Tribunal Supremo, ante el que el rey emérito es aforado.

Corinna, por su parte, a través de su abogado, Robin Rathmell, ha insistido en un comunicado en que desde 2018 ha tratado de alertar a la Embajada española en Londres y a la propia Casa Real de la "campaña de abuso" que dice sufrir desde hace ocho años. "Nunca se tomó medida alguna para remediarlo", denuncia. Añade que "continúa hasta hoy".