El exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha arruinado las confesiones que desde que comenzó el juicio por la financiación irregular del PP valenciano habían hecho los principales acusados en la trama Gürtel. Y lo ha hecho, porque las ha dejado en nada. Ante el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, ha admitido que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se financió con dinero de subvenciones públicas -las que le correspondían por escaños y votos- y con «dinero negro», pagado en efectivo por empresarios adjudicatarios de concursos públicos, que también pagaban facturas a Orange Market por los trabajos realizados al partido.

Citó varios ejemplos. Algunos sensibles, como los que afectan a los actuales senadores del PP Alberto Fabra y Adela Pedrosa, cuyas campañas para la alcaldía del 2007 de Castellón y Elda, respectivamente, se pagaron por este sistema. También, parte de los actos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, realizó en la plaza de toros de Valencia en 2007 y 2008. Según dijo, los complementos que el presidente del PP valenciano y de la Generalitat, Francisco Camps, quiso incluir (fuegos artificiales, pantallas, bandas de música y un animador) los pagaron empresarios adjudicatarios de obra pública.

Al frente del sistema de financiación situó a Camps, del que destacó su «impulsividad», lo que le valió una repregunta del juez que Costa zanjó con un «es que se trata de una persona un poco especial» y al entonces presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino. Explicó que el vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos -al que no se juzga-, le contó que los dos anteriores le habían encargado que se ocupara de mantener relaciones con empresarios.

Costa también endosó a Camps la decisión de contratar con Orange Market, circunstancia que, insistió, no ratificó ningún órgano del partido, como tampoco el presupuesto de los actos que realizaba. «Soy consciente de lo que estoy diciendo. No he denunciado estas actuaciones en mis años de servicio público. Quiero manifestar mi arrepentimiento y pedir perdón a la sociedad valenciana y a mi familia que va a sufrir consecuencias», aseguró Costa. Anticorrupción pide 7 años y nueve meses de cárcel para él por falsedad y tres delitos electorales.

«ESO SERÍA FILESA 2» / Según Costa, lo que sí hizo fue contarle al entonces gerente del PP, Luis Bárcenas, cómo empresarios iban a pagar las facturas del partido. El que luego sería tesorero le contestó que eso era «una práctica prohibida en el PP» y que «sería una Filesa 2”, en referencia al caso que afectó al PSOE en los 90. No consta que Bárcenas hiciera nada para impedirlo, pero tendrá la oportunidad de aclararlo cuando comparezca ante el juez como testigo. También están citados en esa condición Cotino y Camps, que ayer volvió a negar las acusaciones.

El relato de Costa pasa por que en julio de 2007 le llamó el también acusado Vicente Rambla, entonces vicepresidente primero del Gobierno, y le dijo que le había llamado Álvaro Pérez, el Bigotes, para facturar a empresas. Un mes más tarde, Rambla le pidió que recogiera 15.000 euros de Secopsa, 150.000 de Rover Alcisa y 350.000 de Enrique Ortiz, dinero que entregó a la gerente Cristina Ibáñez y después se dio al número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, para ir saldando la deuda contraída por el partido.

TRAJES Y RELOJES / Costa, que fue absuelto en el juicio de los trajes que se celebró contra él y Camps, sostuvo que en una ocasión Pérez le ofreció un reloj de oro y, cuando lo rechazó, este mostró su sorpresa porque, según le dijo, eran los únicos que no les pedían nada por trabajar para ellos. Eso no descarta del todo los cohechos, porque luego declaró que el Bigotes le citó en Orange Market una noche. Quería preguntarle si alguna empresa podía librar una factura para cobrar los 20.000 euros que Camps les debía por prendas de vestir. Según Costa, se negó.

Cuando le llegó el turno, Vicente Rambla se convirtió en el primer acusado que decía ignorar la financiación irregular. «Si eso hubiera dependido de mí, eso no se habría hecho así en la vida. ¿Si yo hubiera tenido algo que ver con los pagos, hubiese salido esta chapuza de campaña?», preguntó.

Y responsabilizó a Costa de las decisiones del PPCV. «Llevaba todo el peso del partido, porque el presidente Camps estaba ocupado en labores de gobierno». Por si esa afirmación aún dejaba margen a Costa, añadió que la relación con Orange Market empezó en 2004 cuando él y Adela Pedrosa fueron nombrados vicesecretario y secretaria general.

«Costa era el embudo para tener interlocución con el partido. ¿Conoce alguna empresa en la que el que lleva el dinero en A no es el mismo que lleva el B?», argumentó. Habrá que ver a quién da la razón el juez.