Ciudadanos vive semanas turbulentas. Albert Rivera ha sufrido dimisiones internas por el giro a la derecha, rupturas como la de Manuel Valls y desencuentros con el mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y pese a su enroque el viernes en la reunión del consejo general del partido, donde enseñó la puerta a los disidentes, en su círculo de confianza también asumen que su línea ideológica se ha desvirtuado y piden elaborar estrategias para volver al centro y recuperar la bandera de la regeneración política.
Los numerosos acuerdos alcanzados en alcaldías y gobiernos autonómicos de toda España con el objetivo de alcanzar puestos relevantes ha requerido en la inmensa mayoría de casos pactos, directos o indirectos con PP y Vox, unos nuevos socios a los que Ciudadanos ha unido su futuro, al menos a corto plazo, para ganar cuota de poder.
Pero los numerosos casos de corrupción de los populares y las políticas radicales de la formación de ultraderecha preocupan en el núcleo duro de Rivera y, según ha podido saber este diario, la dirección naranja está preparando un informe que recogerá qué iniciativas se pueden tomar para desmarcarse y en qué instituciones la moción de censura puede ser una herramienta útil y rápida para romper con esos dos incómodos compañeros de viaje.
SENTENCIAS / La sentencia sobre la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, cuyo juicio acabó el pasado viernes, se conocerá previsiblemente este verano y será la primera que saldrá en esta nueva etapa en la que Cs tiene a los populares como socios «preferentes». Hasta ahora nunca un partido había estado acusado penalmente como persona jurídica, en este caso por ser responsable directo de la desaparición de esas hipotéticas pruebas sobre la contabilidad b de la formación.
Después de ese fallo llegarán otros del caso Lezo, sobre el presunto desvío de fondos de la empresa pública Canal de Isabel II a cuentas de miembros del PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y también del caso Púnica, que investiga una trama organizada entre empresarios y políticos de Madrid, Valencia, Murcia y León, para conseguir adjudicaciones de contratos a cambio de comisiones.
Ambas causas están en fase de instrucción y no parece fácil que los juicios se celebren antes del año próximo. En todas esas provincias hay varias alcaldías gobernadas en coalición con el PP, una alianza que, con toda probabilidad, se repetirá en los ejecutivos de la región, con excepción del valenciano. Junto al de los ordenadores y el de los papeles de Bárcenas, que todavía está siendo investigado, son los cuatro casos más relevantes a los que se enfrentan los populares y que algunos dirigentes de Cs temen que supongan un lastre para ellos también.
No obstante, en el núcleo duro de Rivera hay quien cree que sería «injusto» que «el PP de Pablo Casado» tenga que pagar por «el PP del pasado» y solo defiende usar «el comodín de la moción de censura» en el caso de que el alcalde o presidente autonómico popular acabe imputado. «Estamos todavía rematando los pactos, no vamos a pensar en cómo romperlos», afirma uno de los negociadores de Rivera que también ha recibido el encargo de redactar el informe sobre «ese posible salvavidas».
DEBATE INTERNO / Los principales ayuntamientos en las que gobierna Cs pero el PP tiene la vara de mando son Madrid, Zaragoza, Málaga, Murcia, Alicante, Córdoba, Santander y Salamanca.
El debate sobre si se ha acertado con el momento de lanzar la opa sobre el PP y, sobre todo, con la estrategia de derechizarse y enfrentarse a un partido con una implantación territorial muy superior, está vivo, entre los críticos, cuya cabeza más visible es el economista Luis Garicano, pero también en el equipo del líder. «No les vamos a ganar nunca en políticas conservadoras y no les hemos ganado en las urnas. Es una batalla perdida y (Rivera) no se da cuenta», se lamenta un dirigente con responsabilidades territoriales que prefiere no dar su nombre. «Yo no tengo claro qué hemos de hacer, porque es verdad que el PP está muy dañado por la corrupción y parece que es ‘ahora o nunca’, pero lo que no me gusta es que, ante los avisos que hay dentro del partido, no se modulen las decisiones. El camino tomado es muy arriesgado», dice un miembro de la ejecutiva que también pide discreción.
Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, reclamó ayer a Pedro Sánchez, que no arroje sobre otros la creciente presión que rodea el proceso de investidura. «Él es el responsable de que se invista presidente del Gobierno. Que no derive esa responsabilidad a quienes no nos ha encargado el Rey esa investidura. Si quiere unas nuevas elecciones, a nosotros no nos dan miedo, pero es una irresponsabilidad».
