Los intentos de dificultar los llamados viernes sociales de Pedro Sánchez por parte de Ciudadanos y PP continúan. Después de que la Junta Electoral Central diera la razón al Ejecutivo y no anulara las ruedas de prensa tras los Consejos de Ministros, el partido naranja inició ayer una estrategia para tumbar los permisos de paternidad de 8 semanas y los populares confirmaron que recurrirán al Tribunal Constitucional los «decretazos electorales» del Gobierno.

El partido de Albert Rivera pidió un informe a los letrados del Congreso para saber si el Ejecutivo puede modificar la ley orgánica de igualdad del 2007 a través de un decreto ley con el fin de ampliar la baja de los padres a partir del 1 de abril. Ignacio Prendes, representante de Ciudadanos en la Mesa de la Diputación Permanente (el órgano que sustituye al Congreso cuando las Cortes están disueltas por elecciones), explicó que solicitó un informe para que se aclare esta cuestión. Blandió como antecedente el intento de Felipe González, en 1986, de cambiar la ley orgánica del poder judicial a través de un decreto ley. El Constitucional lo tumbó. El PP, que preside la Mesa con Ana Pastor, apoyó la petición y los expertos responderán hoy por escrito.

La maniobra enervó al Gobierno y al PSOE. Rafael Simancas, portavoz de los socialistas, aseguró que los letrados ya le dijeron a Prendes y Pastor de viva voz en la reunión de la Mesa que los preceptos de la ley que modifica el decreto «no son de carácter orgánico».

«CUMPLIR LA LEY» // Los socialistas y el Gobierno creen que no podrán «evitar» que la nueva baja de paternidad siga su camino. Simancas avisó de que populares y naranjas rozan el «delito de prevaricación”. Se da la circunstancia que Cs había hecho bandera del aumento de estos tipos de permiso hasta ahora.

«Cuando hay periodos electorales la gente se pone un poquito nerviosa. Que los ciudadanos estén tranquilos. Mientras yo esté presidiendo la Diputación Permanente ahí se está para cumplir la ley», afirmó Pastor en La Sexta tras escuchar a Simancas.

Según Prendes, si los letrados observan visos de inconstitucionalidad en el decreto, la Mesa debería tomar medidas. «Sería una situación inédita», apuntó el diputado, que está convencido de que en ese caso la norma no podría entrar en vigor el día 1, como decidió el Ejecutivo.

En la reunión de la Mesa también se analizó el informe para saber si los decretos leyes de los viernes sociales se pueden tramitar como proyecto de ley (con enmiendas) si algún partido lo pide. La respuesta fue afirmativa: se puede modificar el contenido de los decretos leyes. Pastor explicó que habrá de margen hasta el 20 de mayo, el día antes de la constitución de las nuevas Cortes que salgan de las generales del 28-A. Esto significa que los grupos podrán tratar de matizar las iniciativas de Sánchez en plena campaña.

En estos momentos hay tres decretos leyes pendientes de la Diputación Permanente, que Pastor convocará a iniciativa propia: la preparación del brexit, la regulación del mercado de la vivienda y el permiso de paternidad. En todo caso, el líder del PP, Pablo Casado confirmó que llevará al Constitucional «los decretazos de los viernes», aunque la respuesta de ese tribunal tarde en llegar varios meses.