El exconseller de Territorio Josep Rull defendió ante el Tribunal Supremo que el Govern apostó por el referéndum con la «convicción» de que no era delito, como recordó el Congreso ayer al rechazar volver a penalizarlo, y ante la «falta de autoridad moral» de un TC instrumentalizado por el Gobierno. Casi cuatro horas duró el interrogatorio de Rull, que se enfrenta a 16 años de cárcel por rebelión, en el juicio del procés, en el que se afanó en justificar que el Govern de Carles Puigdemont se dedicó a cumplir con un «mandato» democrático pero sin ningún plan para desarrollar la declaración de independencia que el Parlament aprobó el 27-O.

La intención, dijo, siempre fue evitar que la independencia de Cataluña «se desplazara del terreno de juego» de lo estrictamente «político y democrático», que en su opinión era «permanentemente ignorado» por el Tribunal Constitucional.

Tuvieron que apostar por ello por un «equilibrio» entre el imperio de la ley y el principio democrático, ante el «déficit importante de autoridad moral» del TC, sistemáticamente «instrumentalizado» por el Gobierno, con el fin de laminar la autonomía de Cataluña.

Aun así, defendió que el Govern siempre se movió «desde la convicción de que convocar un referéndum no es delito» y recordó que justo el martes el Congreso rechazó castigar con cárcel la organización de referendos ilegales, a iniciativa del Partido Popular. Toda una «casualidad», según comentó el exconseller.

Y en la línea de lo que declararon otros acusados, aunque de forma más explícita, ciñó la declaración unilateral de independencia (DUI) al terreno estrictamente «político», pese a insistir en que su aprobación fue un acto «formal, solemne» y con «mucho contenido».

Menos incisivo fue en relación a la violencia en el 1-O, de la que responsabilizó a la Policía, aunque también censuró los escraches a los agentes.