Cuando ya no tienes miedo de ir a la cárcel, porque ya lo estás, todo cambia ante un juez. Como ocurrió el lunes con el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, el exconsejero Josep Rull pasó al ataque. En su turno cuestionó la independencia del Tribunal Supremo, que le ha procesado por rebelión y malversación, porque considera que todos los pasos dados por el alto tribunal han ido siendo adelantados por miembros del Poder Judicial o por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo que lleva a dudar de que el juez Pablo Llarena no actúe bajo presiones o en conceder la condición de «oráculo» a todos los que predijeron sus decisiones. En contraposición puso la justicia Europea, en referencia a la decisión alemana que hace presagiar que no se entregará al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por rebelión.

Según fuentes presentes en la comparecencia, en la que Llarena le notificó su procesamiento, Rull sostuvo que si los partidos independentistas no hubieran ganado las elecciones del 21-D no serían juzgados y auguró que el juicio «será un mero trámite».

El magistrado, sin perder la educación ni la sonrisa, negó que «todo esté escrito» y aseguró todas las decisiones que ha tomado se basan en las pruebas recabadas durante la instrucción. Además, dudó de que todas las predicciones periodísticas hayan resultado certeras como argumentaba Rull parafraseando al poeta Salvador Espriu para llamar «rayo en la oscuridad» a la justicia europea, donde, en su opinión, sí hay separación de poderes.

El exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, que anunció que solicitará la declaración del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como testigo, al haber negado el delito de malversación, ha tratado de desmontar los hechos que le atribuye el juez Llarena en su auto. Ha negado la hoja de ruta, que considera un programa electoral, y ha denunciado haber sido procesado por asistir a reuniones independentistas sin que se concreten.

Por su parte, Raül Romeva defendió el derecho a la autodeterminación como un derecho recogido en la Declaración de Derechos Civiles y Políticos y en la jurisprudencia internacional para, a continuación, asegurar que la actuación exterior de Cataluña nunca asumió competencias del Estado,

El exconseller de Interior Joaquim Forn volvió a pedir al juez su excarcelación o, al menos, una medida cautelar menos gravosa que su permanencia en prisión para poder preparar su defensa ante los graves delitos por los que ha sido procesado: rebelión y malversación de caudales públicos. Insistió en que ha abandonado la actividad política y que acata el artículo 155 de la Constitución.