El juez Pablo Ruz ha decidido seguir investigando el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en Chile en julio de 1976. Además, el magistrado ha acordado remitir una comisión rogatoria a este país para que le informen si están investigando este hecho.
Con estas decisiones, Ruz rechaza un escrito del fiscal en el que le instó a concluir esta investigación y pasarla a la sala penal para que esta la archivara.
En este caso están procesados siete miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) por los delitos de terrorismo, genocidio, asesinato y detención ilegal.
El magistrado considera que en este caso concurren las exigencias previstas en la reciente reforma de la justicia universal que exigen que la víctima tenga la nacionalidad española. Asimismo, el togado argumenta que si cerrara el caso no podría pedir información a Chile y, por tanto, dejaría de cumplir otro de los requisitos de la nueva norma que obliga a los jueces a mandar la comunicación de la justicia de los países que se investiga al Tribunal Supremo para que el alto tribunal aclare si la investigación abierta en dichos países es suficiente.
Con esta resolución, todos los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han plantado cara a la reforma de la justicia universal. Una rebelión a la que se han sumado los magistrados de la sala penal. Esta reforma limita la persecución de dirigentes extranjeros por delitos de genocidio y ha dejado sin efecto las investigaciones contra el narcotráfico internacional en alta mar.
