La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz Santamaría quiso utilizar el tono que acostumbraba en el Congreso para defender la actuación del ejecutivo del que formó parte. Y fue la insistencia de la defensa, más que la de Vox, en cuestionarla la que le hizo elevar el tono: «La primera obligación de todo Gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes y respetar la Constitución. Quienes no valoraron que había que ir por una modificación de la Constitución son los que están sentados en el banquillo», dijo en referencia al Govern del huido Carles Puigdemont.

La declaración había empezado con los mensajes que ella había previsto, hasta que se vio descolocada por el interrogatorio de Javier Melero, abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn, en relación con el operativo policial del 1-O, lo que llevó al letrado a advertirle sobre la posibilidad de ser declarada «testigo renuente». Para entonces ya había podido decir que nunca habló de un referéndum pactado con la Generalitat y por qué y cuándo se decidió utilizar por primera vez el artículo 155 de la Constitución. Dijo que se adoptó cuando se logró «un acuerdo político suficiente». Se hizo porque, a diferencia de lo afirmado por los acusados, nunca creyeron que la declaración unilateral de independencia fuera «meramente simbólica».

También explicó por qué no se declaró el estado de sitio o excepción: para «intentar preservar la convivencia ciudadana en Cataluña», a lo que añadió que «ojalá la Generalitat lo hubiera hecho». Lo que dijo no saber es si se había publicado o no la DUI, lo que le llevó a otro rifirrafe con la defensa.

Sáenz de Santamaría respondió al secretario general del Vox, Javier Ortega, que no habló del «1-O con ningún miembro de la Generalitat», aunque se reunió con el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras tres veces, en las que «nunca quiso entrar» en el referéndum, al entender que «no es un asunto que dependa del Gobierno, sino que el propietario es el pueblo soberano».

La exdirigente del PP aseguró que «prácticamente» ante que cualquier actuación judicial como registros y arrestos «se producían aglomeraciones con imágenes violentas. Era una situación muy dura vivir así y les dijimos públicamente una y otra vez que no siguieran por ahí».

«La actuación de las fuerzas de seguridad era por orden judicial, por la prohibición del Tribunal Constitucional de celebrar un acto abiertamente ilegal», dijo, y negó conocer el dispositivo policial, diseñado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Por último, dijo que le constaba cómo los dirigentes independentistas intentaron «confundir a la opinión pública internacional con imágenes falsas».