Nada de lo ocurrido el pasado viernes, en el fondo, resultó inesperado. El Gobierno daba por supuesto que la Fiscalía mantendría la acusación de rebelión, sin moverse de lo que ha venido defendiendo durante este año. No intentó influir en ella porque, según varios ministros, no podía. Y aunque hubiese podido, continúan en la Moncloa, habría sido «contraproducente». Y el Ejecutivo tenía también claro desde hace varios días que la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, defendería en su escrito que hubo sedición durante el pasado otoño, pidiendo penas más leves que la Fiscalía. La decisión podría haber contribuido a que el independentismo modulara su reacción, pero ERC y el PDECat, esta vez de la mano, no le dieron apenas importancia, poniendo el foco en la Fiscalía, cuyo peso en el juicio oral que en principio comenzará en enero será mucho mayor. El mensaje fue claro: no piensan negociar los Presupuestos del año que viene.

El Gobierno, sin embargo, no tira la toalla. No todas las fuentes coinciden, y algunas, más pesimistas, anticipan un escenario «imposible», pero en el Ejecutivo y el PSOE aportan varios argumentos para justificar su creencia de que las cuentas públicas aún pueden ser aprobadas con el independentismo. Primero, el propio pacto presupuestario con Podemos, que incluye medidas como subir el salario mínimo, revalorizar las pensiones, ampliar los permisos de paternidad, dotar de más fondos a la dependencia y aumentar la prestación por hijo a cargo. Según los socialistas, será difícil para republicanos y posconvergentes justificar su rechazo a estas iniciativas. Después, que al secesionismo no le conviene el adelanto de las generales, una posibilidad que cobraría mucha fuerza si los Presupuestos no salen adelante, con otoño del año que viene como momento más probable para la cita con las urnas.

Y por último, el tiempo. «Hay tiempo», explican en la Moncloa, donde confían en que las contundentes palabras que pronunció el viernes el president, Quim Torra («no votaremos nunca los Presupuestos», anunció), sean, en parte, una escenificación al calor de las elevadas penas solicitadas por la Fiscalía, que pide, por ejemplo, 25 años de cárcel para el líder de ERC, Oriol Junqueras. Las reuniones bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat, y el compromiso de saldar en los próximos cuatro años casi 1.500 millones de euros pendientes con Cataluña, se van a seguir celebrando. El Ejecutivo y el Govern otorgan gran importancia a la continuidad de estos encuentros.

En ERC y el PDECat, mientras tanto, insisten en que no se sentarán a negociar las cuentas públicas. Ambos partidos, sin embargo, no cierran la puerta a apoyar al Ejecutivo en algunas de las medidas incluidas en su pacto con Podemos, pero si llegan al Congreso por separado, no dentro de un proyecto global de la importancia de los Presupuestos.