El Consejo de Ministros nombró ayer a sus miembros en la Comisión Estado-Generalitat, un organismo que se reunirá en la última semana de julio, si no hay cambios, después de no hacerlo desde el 2011. Los representantes del Gobierno serán la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet (que presidirá la delegación, teniendo como contraparte a Ernest Maragall, conseller de Exteriores); la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, y cuatro secretarios de Estado.

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Isabel Celaá, evitó criticar a los tribunales alemanes, que el día anterior no aceptaron la extradición de Carles Puigdemont por el delito de rebelión, y defendió la «eficacia» de la euroorden.

En la Moncloa subrayan el «alto rango» de las personas elegidas. El Ejecutivo otorga una enorme importancia política a la Comisión Estado-Generalitat. Tras las reuniones que mantuvieron esta semana Pedro Sánchez y Quim Torra primero, y Carmen Calvo y Pere Aragonès después, ambas protagonizadas por el buen tono y la coincidencia en la necesidad de «normalizar» las relaciones, el organismo estará encargado de abordar a fondo los conflictos entre el Estado y la Generalitat, dejando de lado un derecho de autodeterminación sobre el que no hay acuerdo posible.

Respecto al fallo alemán, el Gobierno no quiere entrar a valorar la decisión, pero el pasado jueves, desde Bruselas, Sánchez se limitó a señalar que los dirigentes independentistas serán juzgados en España, algo que está por ver. El TS contempla incluso renunciar a la entrega de Puigdemont. Lo que sí hizo Celaá frente a las críticas del PP, fue defender la euroorden. «Poner en cuestión» el tratado «supone alinearse con posiciones europeas que no compartimos», dijo Celaá, ligando al PP con partidos xenófobos.