De nuevo, el carácter estratégico de los 13 escaños de ERC, concertados con los cinco de EH Bildu, se impone en la política española. Gabriel Rufián ya había ofrecido un recital de poderío cuando, el pasado 30 de enero, disuadió al presidente Pedro Sánchez de cualquier aplazamiento de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, tras el anuncio de Joaquim Torra de convocar elecciones anticipadas (sin fecha fija) después de una eventual aprobación de los Presupuestos en el Parlament.
Efectivamente: el 6 de febrero, los dos presidentes se reunían en el Palau de la plaza de Sant Jaume, y 20 días después lo hacían de nuevo con sus respectivas delegaciones en la Moncloa. El mensaje de Rufián obtuvo toda la receptividad socialista. La pandemia ofrecía entonces síntomas de su gravedad en la vecina Italia y la OMS había declarado la situación de emergencia.
Desde entonces hasta el pasado jueves, las relaciones entre el Gobierno de coalición y ERC se han enfriado hasta el punto de que en el Madrid político, la legislatura cotizaba en rojo. Los republicanos, una vez la tragedia provocada por los contagios del covid-19 desataba sus peores consecuencias, se han ido despegando del Ejecutivo, que tuvo que declarar el estado de alarma (14 de marzo) y prorrogarlo con autorización del Congreso, por mandato legal, por períodos máximos de 15 días.
"Recentralización" y "militarización"
Tanto el 25 de marzo como el pasado jueves, los diputados republicanos se abstuvieron, mientras el grupo popular (Vox, incluso en la primera prórroga) respaldaron la petición del Consejo de Ministros. Por su parte, el PNV planteó objeciones serias, dando así la impresión de que la mayoría de la investidura se estaba cuarteando.
Las tesis que esgrimió con énfasis Rufián para no apoyar la prórroga del estado de alarma fueron dos: la "recentralización" que comporta la constitución de una autoridad única (el Gobierno central, delegada en los ministerios de Sanidad, Defensa, Transportes e Interior) y la "militarización" que implica el estado de alarma al amparo del que se ha movilizado a las Fuerzas Armadas, especialmente a la UME. A mayor abundamiento, Rufián dejó cristalino que su partido no se sentía concernido por la convocatoria de Sánchez para intentar acuerdos de Estado. El portavoz de ERC dijo solo apoyar "un pacto integral por la vida".
En su réplica, el presidente Sánchez no hizo a Rufián ni el más mínimo reproche. Más aun, le agradeció su intervención pese a la abstención de los republicanos. Y calló cualquier crítica a la gestión de la Generalitat -cuestionada y cuestionable como una de las más negativas y descoordinadas de todas las comunidades autónomas-, mostrando así la intención socialista y de Unidas Podemos de no fragilizar más todavía las relaciones con ERC, a cuyo partido tanto Sánchez como Pablo Iglesias se aferran para que la legislatura no aborte o, en su caso, para eludir una alternativa que los acontecimientos pudieran estar exigiendo: una gestión de reconstrucción general que requiera de otra mayoría parlamentaria más amplia.
Vergés y El Homrani
El presidente del Gobierno y la portavoz socialista, Adriana Lastra, arremetieron contra Pablo Casado y las autonomías gobernadas por los populares sin rozar siquiera la crisis en Cataluña ni apostillar el discurso de Rufián. Los dos socialistas tenían muy en cuenta que la responsabilidad de la sanidad en Cataluña recae sobre Alba Vergés y la de los asuntos sociales, sobre Chakir El Homrani, ambos de ERC.
Por la paz, un avemaría, acordó el gabinete de estrategia de la Moncloa, que teme que los desmarques recurrentes de ERC -a los que podrían sumarse los puntuales del PNV- en una situación tan precaria como la que vivimos cuarteen irreversiblemente la aritmética parlamentaria que soporta al Gobierno, que está perdiendo también la sintonía con grupos de interés empresariales y culturales.
Estamos en un período completamente excepcional, en el que el independentismo catalán en su conjunto sigue anteponiendo su pulsión separatista a cualquier otro objetivo. Como se ha escrito, el independentismo hiperventilado debe plantearse que estamos ante una cuestión de decencia, no de ideología. El discurso político que llega desde Cataluña remite de forma permanente a elementos de identidad, de queja por la supuesta afectación a la integridad del autogobierno, de selectiva hostilidad hacia las Fuerzas Armadas e, incluso, a teorías conspirativas según las cuales el estado de alarma resultaría una "usurpación" de competencias y una "intervención encubierta" de las facultades de la Generalitat.
Acidez catalana, pragmatismo vasco
Las críticas más ácidas al Gobierno -tanto o más que las del PP y otros grupos- proceden mucho más de Cataluña que de otras comunidades que, como la vasca, formula sus quejas en términos de mayor pragmatismo en defensa de los intereses industriales de Euskadi.
En las actuales circunstancias, Pedro Sánchez, a coste altísimo, va a mirar a otro lado sin tomar nota de los desmarques de ERC. Necesita a los republicanos y su incompatibilidad con la derecha, y de la derecha con él, es completa y absoluta. El jefe del Ejecutivo sabe que no habrá pactos de Estado, que la situación socioeconómica va a resultar extrema -más aún de lo que es- y ha decidido que, por el momento, los republicanos son su último recurso, el clavo ardiendo en el que sujetarse.
La legislatura pensada por Sánchez e Iglesias es ya el mundo de ayer y una quiebra con ERC -con la el socialista pactó un texto de inverosímil cumplimiento en estas circunstancias- nos adentraría en una fase de mera gestión como prolegómeno de nuevas elecciones el próximo año. Y el presidente del Gobierno se lo malicia.
