El aumento de la presión migratoria va camino de convertirse en el gran quebradero de cabeza del Gobierno este verano. El impacto en la opinión pública del drama humanitario, la decisión de PP y Ciudadanos de calentar el debate del efecto llamada para capitalizar el voto de derecha, y la lentitud con la que Bruselas parece responder al problema han configurado un escenario espinoso que Pedro Sánchez trata de conjurar cuando todavía no se ha repuesto del varapalo recibido en el rechazo a la senda de déficit. Ante este contexto, el presidente presiona a Bruselas para exigir respuestas comunes y lamenta la imprevisión del PP.

Sánchez envió una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker, la semana pasada para solicitarle que habilite cuanto antes las ayudas al control fronterizo que los mandatarios se comprometieron en la reunión del Consejo Europeo, en junio. Se pactaron entonces 55 millones para Túnez y Marruecos. Fuentes gubernamentales indican que se ha pedido que se ejecuten ya los 35 millones que corresponderían al país alauí. Fuentes de la vicepresidencia explican que esos fondos tienen que estar «pronto activos».

Sin embargo, el Gobierno desmiente que la petición de Sánchez se deba a un elemento negociador con Marruecos y descarta que el país vecino haya relajado el control de sus fronteras hasta recibir la cuantía fijada. La Moncloa sostiene que el incremento de flujo de inmigrantes en sus costas se debe al cierre de la ruta Libia. «No hay ningún cambio de actitud» en la gestión ni «ninguna intención deliberada de dejar que aumente el flujo por descuido o inadvertencia», confirma el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que el domingo conversó con su homólogo marroquí. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha intensificado los contactos con los países de origen y tránsito para mejorar la colaboración. Ayer visitó Mauritania, después de haber viajado a Marruecos y Argelia. Desde Nouakchot descartó que exista riesgo de que las mafias vuelvan a abrir la ruta Atlántica pero admitió que hay que «estar alerta».

EFECTO ‘AQUARIUS’ O NO

La alerta para el Gobierno es también política. Ayer hizo un llamamiento a PP y Cs para que no utilicen un drama humanitario de forma partidista. Fuentes de la vicepresidencia pidieron a los líderes políticos que no hagan «paseos electorales» y se comporten con «lealtad» y «sentido de Estado».

El toque de atención de la Moncloa llegaba tras el viaje de Albert Rivera a Ceuta, ayer. El presidente de Cs pidió a Sánchez que abandone el «buenismo» y deje de «mirar para otro lado». Lo reclamó en la aduana de la ciudad autónoma, después de visitar el perímetro fronterizo con Marruecos, algo que hará el presidente del PP, Pablo Casado, mañana. Liberales y conservadores se han enzarzado esta semana en una competición por endurecer el discurso sobre inmigración con vistas a seducir al votante más escorado a la derecha.

Pese a que cuando el Ejecutivo acogió el Aquarius el nuevo líder del PP no se manifestó en contra y dijo entender que se ayudara a los inmigrantes, ahora Casado considera que ha provocado un efecto llamada para la inmigración ilegal.

EJE DE LA CAMPAÑA

«Hay un millón de inmigrantes esperando en las costas libias que están planteándose una nueva ruta a través de España», ha llegado a declarar antes de citar «estudios de oenegés» que señalan que «hay 50 millones de inmigrantes africanos que están recabando dinero para poder hacer estas rutas». El Gobierno desmiente el efecto llamada con datos que indican que el año pasado el flujo de inmigrantes irregulares que llegó a España se disparó. Como ejemplo: la red de atención humanitaria acogió en el 2017 a 16.211 personas, un 70% más que un año antes (9.592).

Según fuentes del PP, Casado habla de un millón de inmigrantes esperando en las costas libias porque son datos ofrecidos por el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani en un discurso en junio del 2017.

Más allá de las cifras, el nuevo presidente del PP no niega su aspiración de conquistar a los votantes que habían abandonado sus siglas en pos del partido de ultraderecha Vox. «Nos llaman radicales», señaló ayer, y defendió esa categorización porque implica ser «fiel a los principios».

Pero Casado sabe bien que tiene un duro competidor en la lucha por el voto conservador. Albert Rivera ha dado un volantazo a la derecha y agita el delicado debate de la inmigración. Parece que la batalla que Ciudadanos y Partido Popular abrieron a principio de año se recrudece.

Algunas voces han comenzado a alertar ya del riesgo que comportaría que España se contagiase de la fiebre europea y la inmigración se convierta, por primera vez, en un eje de campaña.