«El poder desgasta, sobre todo al que no lo tiene». El equipo de Pedro Sánchez repite con insistencia la máxima del que fuera siete veces primer ministro de Italia, Giulio Adreotti, para expresar la voluntad que les ha transmitido el presidente de apurar todo el tiempo posible en la Moncloa. Esa intención choca de bruces con la decisión de los partidos independentistas de no apoyar los Presupuestos del 2019, pero el Gobierno no cree que esto suponga el fin de la legislatura y ha decidido trabajar en dos vías paralelas para seguir con vida. Por un lado, continúa pedaleando en una negociación de las Cuentas que no da por perdida. Por otro, se plantea aprobar vía real decreto o proyecto de ley las medidas estrella desgajadas para que ERC y el PDECat se avengan a apoyarlas. Salvando las políticas sociales de mayor calado, creen fuentes del Ejecutivo, Sánchez puede aguantar un año más. Otoño del 2019 es, sostienen, la fecha más probable para las legislativas.

Tener que trocear el Presupuesto no es ideal, reconocen en el Ejecutivo, pero sí una fórmula hábil para llegar a las elecciones con medidas reales de fuerte impacto que doten de cierta solidez al proyecto socialista. ¿Qué podría aprobarse por esta vía? Desde luego no todo. Fuentes gubernamentales admiten que podrían validarse las políticas que técnicamente deberían estar en vigor el 1 de enero. Como los Presupuestos no estarán aprobados entonces, solo pueden llevarse al Congreso las que no impliquen un gasto público. La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) es la que cuenta con mayores visos de entrar en este ‘plan b’. Según el Ministerio de Hacienda, ese incremento tiene un impacto cero en el Presupuesto General del Estado, aunque genera un coste de 340 millones de euros a la Seguridad Social, informa Rosa M. Sánchez. Desde el Ejecutivo recuerdan que, en años de Cuentas Públicas prorrogadas, ya se había subido el SMI.

INVERSIONES NO

Otra medida que encaja es el fomento del alquiler. La puesta en marcha de un parque público de viviendas sociales y dotar de potestad a los ayuntamientos para que pongan un tope a los precios del alquiler podrían aprobarse sin coste para el Estado. También se puede validar la prórroga al impuesto de patrimonio, porque el Gobierno lo hace ya anualmente para que las autonomías que tienen este gravamen puedan aplicarlo. Sin embargo, otras iniciativas tienen mayor dificultad para aprobarse sin estar albergadas en el Presupuesto, porque necesitan dotación económica, como las ayudas a la dependencia y a los mayores de 52 años. Las inversiones del Estado en las autonomías difícilmente podrían salir adelante sin el marco presupuestario.

El Gobierno está dispuesto a buscar el encaje. «Intentaremos hacerlo con o sin Presupuestos. Hay fórmulas para hacerlo. Buscaremos los instrumentos adecuados perfectamente legales legítimos, democráticos y experimentados en la vida parlamentaria», confirmó ayer el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Desde hace días ERC viene explicando en Madrid que, aunque mantendrá su rechazo al anteproyecto de Presupuestos, están dispuestos a aprobar las medidas sociales de Sánchez por separado.

PRAGMATISMO

«Eso es que tienen mala conciencia y una enorme dificultad para explicar su no a los Presupuestos», opinan en la Moncloa. Ábalos, que abogó por el «pragmatismo», confirmó que se aplicarán los «mecanismos jurídicos» necesarios para sacar adelante las políticas de impacto social pero que, en paralelo, el Gobierno no tira la toalla en la negociación presupuestaria.

«No renunciamos a nada. Somos conscientes de los obstáculos, pero también somos conscientes de que a los dos días se relativizan y se abre otra posibilidad», insistió, sin revelar si los republicanos hablan en dos tonos distintos ya sea en discursos a sus bases y en las reuniones, o bien si el Gobierno tiene esperanzas en otros movimientos.

En la Generalitat, mientras tanto, se comparte el enfoque y se confía en que los dos partidos catalanes vayan esta vez de la mano. «No vamos a negociar unos Presupuestos del Estado cuando el Estado es el culpable de que haya presos políticos. Pero podemos sentarnos a hablar sobre medidas concretas», explican.

En este contexto, la reforma de la Ley de Estabilidad, que el Ejecutivo necesita para levantar el bloqueo a la senda de déficit, en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, podría acelerarse. Hoy expira el plazo de las enmiendas parciales y, ahora que Ciudadanos ha decidido no usar más su piza con el PP para dilatar el trámite, el grupo socialista cree que la modificación podría ser rápida y posibilitar 6.000 millones más de oxígeno para el 2019.