El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con periodistas tras la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, ha adelantado que la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos les pillará "trabajando", en referencia a las vacaciones de verano, dando a entender que tendrá lugar antes del parón estival.
Fuentes del Gobierno confirmaron posteriormente que el traslado de los restos del dictador fuera del famoso mausoleo se efectuará en el mes de julio y que la intención, en principio, es la de aprobar un real decreto, para agilizar la decisión. El Congreso ya aprobó una proposición del PSOE que instaba a exhumar a Franco, por lo que la iniciativa legislativa del Ejecutivo, a priori, podría ser aprobada con el apoyo de los mismos grupos en las Cortes.
La decisión de Sánchez se suma a la política de gestos, recuperación de derechos y el impulso de medidas sociales que ha emprendido desde que llegó al poder. Exhumar al dictador, una de las viejas reivindicaciones de las asociaciones memorialistas, desde luego tendrá un gran impacto social y no supondrá un gran coste económico, como sí conllevan otras medidas contenidas en el programa electoral del PSOE.
El comité de expertos de Zapatero
Ya José Luis Rodriguez Zapatero encargó a un comité de expertos juristas e historiadores un informe sobre cómo reiventar el Valle de los Caídos, para convertirlo en un centro de memoria y reconcialiación, como marca la ley de memoria histórica, que también fue aprobada en su etapa. Si bien, la encomienda llegó en la última parte de su mandato y el entonces presidente no tuvo tiempo de ponerla en marcha. La llegada de Mariano Rajoy supuso que la petición de los especialistas quedara paralizada, al igual que la norma que reconocía derechos y establecía medidas a favor de quienes padecieron la persecución y violencia durante los años de Franco.
Por ello, el PSOE, en su etapa en la oposición, hizo de la ley de memoria histórica uno de sus caballos de batalla, hasta el punto de presentar una proposición de ley para reformarla e incluir demandas de los damnificados por la dictadura y sus familiares que quedaron fuera de la primera versión. Por ejemplo, la modificación establece que el Estado se ocupe de la apertura de las fosas, que se anulen los juicios franquistas o se prohíba la apología del franquismo. Asimismo, lo ssocialistas quieren modificar la ley de asociaciones con el fin de prohibir la fundación Francisco Franco.
Falta por saber si el Gobierno adopta todas estas decisiones antes del verano o, lo que parece más probable, exhuma al dictador y devuelve los restos a su familia y, con posterioridad, acomete el resto de cambios.
