El exministro Miguel Sebastián, jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, presentó ayer una demanda ante la Audiencia Nacional por el presunto espionaje al que fue sometido por el comisario jubilado José Manuel Villarejo supuestamente por orden del expresidente del BBVA, Francisco González. Sebastián solicitó al juez Manuel García Castellón personarse como acusación particular en el caso Tándem porque, de acuerdo con las grabaciones y la documentación difundida en enero por Moncloa.com y El Confidencial, habría sido uno de los espiados por Villarejo siguiendo un encargo del banco de parar el asalto a su consejo de administración que estaba fraguando la constructora Sacyr, en teoría, en connivencia con el Gobierno que presidía entonces Zapatero.
La demanda, promovida por el despacho del también exministro socialista Francisco Caamaño, está dirigida también contra los actuales dirigentes de la entidad financiera, por las supuestas escuchas y seguimientos efectuados entre el 2004 y el 2005 durante el intento de Sacyr de controlar la entidad financiera. Sebastián denuncia la violación de la intimidad personal y profesional porque los teléfonos pinchados correspondían a líneas oficiales de Presidencia del Gobierno y podrían haber vulnerado la confidencialidad. Las informaciones difundidas por los medios de comunicación sobre el citado espionaje acreditarían que las comunicaciones telefónicas de Sebastián, tanto las privadas como las oficiales, habrían sido intervenidas, y que el exministro habría sido objeto de seguimientos y vigilancias.
«EL MAYOR ESCÁNDALO»
«El examen de todos los materiales hasta ahora conocidos pone de manifiesto que estamos ante unos hechos especialmente graves que, de resultar finalmente probados, podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española», dice el escrito registrado por Sebastián en la Audiencia Nacional.
La defensa del exministro recuerda que en este caso, además del espionaje, las informaciones apuntan a que «se fabricó por encargo un falso relato acerca de su vida personal con el solo propósito de desacreditarle ante los demás y crear un contexto intimidatorio dirigido a torcer su voluntad». Y expone que frente a esto, ni se ha adoptado «una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar» de personas «presuntamente implicadas», ni el BBVA se ha puesto en contacto o se ha «disculpado públicamente» con Sebastián.
