El Gobierno estudiará cada petición de desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que provenga del Parlamento sobre los atentados del 11-M, según afirmó ayer la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. El único límite, dijo, es la seguridad.
En respuesta a si comparte la negativa del ministro de Defensa de desclasificar documentos --"Yo no soy el ministro de las desclasificaciones", dijo José Bono el martes en referencia a los documentos del CNI sobre el accidente del Yak-42--, De la Vega precisó que la desclasificación es competencia del Consejo de Ministros y añadió que la actitud del Gobierno respecto a la investigación parlamentaria del 11-M es "favorecer, facilitar transparencia e información, apoyo a las víctimas y prevención". Dejó claro que el Ejecutivo estudiará y contestará a cada petición con el único límite de la seguridad. "Cuando las cosas se clasifican es porque hay motivos de seguridad y habrá que analizar en cada caso si los motivos de seguridad persisten o no; si persisten, no se podrá hacer; y si no persisten, se podrá hacer".
El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA). Según explicó el ministro del Interior, José Antonio Alonso, el CNCA recabará y coordinará la información sobre terrorismo internacional.
Este organismo estará dotado con 3 millones de euros para su funcionamiento este año y será permanente. Responsables policiales ya pedían hace tiempo una coordinación similar a ésta.
