Siete concejales del PP de Santiago tendrán que dejar el Ayuntamiento tras haber sido condenados a 9 años de inhabilitación por prevaricación. El fallo concluye que los implicados, que lo recurrirán, acordaron la defensa con dinero público de un excompañero de gobierno imputado en la operación Pokemon.
Los ediles, según la sentencia, autorizaron en una junta el 30 de mayo del año pasado abonar la defensa con fondos de las arcas municipales del entonces concejal de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado. Finalmente, el pago procedente de fondos públicos no se materializó porque el propio Varela renunció al mismo.
El acuerdo fue denunciado por una particular, y la fiscal Arancha San José defendió su petición de 9 años de inhabilitación al entender que los implicados no habían defendido lo público. El fallo del juzgado de lo penal número uno de Santiago sostiene que "injustamente" y valiéndose de su condición de autoridad, los concejales "obraron" a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo, todo ello en beneficio "exclusivamente particular".
