La Sindicatura de Comptes de la Generalitat ha desvelado la existencia de múltiples irregularidades en el Fòrum Barcelona 2004 en ámbitos como la contratación de personal, el pago de sueldos y gratificaciones y la selección de patrocinadores, además de subrayar fallos de planificación. Estas irregularidades aparecen descritas en los dos informes de fiscalización elaborados por la Sindicatura en relación con este acontecimiento, que tuvo lugar en Barcelona del 9 de mayo al 26 de septiembre del 2004, y que fueron solicitados por el Parlament.
Los informes se centran en el Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, en el que participaban a partes iguales el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, y la sociedad Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, que fue el ente que preparó y ejecutó todas las actividades. Según este informe, el acontecimiento tuvo un coste de fondos públicos de más de 240 millones de euros, frente a los cálculos oficiales de 215.
Los informes, que este miércoles ha hecho públicos la Sindicatura, apuntan a que la selección de los patrocinadores del evento "no se ajustó al procedimiento público establecido por la normativa" y que, en algún caso, "se les otorgó ciertos privilegios en cuanto a la prestación de servicios".
Además, la sociedad Fórum Universal estableció procedimientos de contratación que no garantizan los principios de publicidad y concurrencia que se exigían, ya que el personal se contrató muchas veces a través de ETT (empresas de trabajo temporal), algo que en aquel momento no era posible -apunta el informe- y se produjeron "incumplimientos de la legislación" en cuanto a incrementos retributivos y gratificaciones pagadas a estos trabajadores, que fueron más altos de los previstos.
En este apartado, destaca que el presidente del consejo de administración de la sociedad concedió al personal de alta dirección gratificaciones no establecidas en principio en el contrato laboral.
En el apartado de contratación, la Sindicatura ha detectado 69 expedientes de contratos con un coste global de 13,6 millones a proveedores que no eran patrocinadores del evento y que se adjudicaron "de manera directa" sin justificación.
El informe desvela que, de los expedientes analizados, la sociedad Fórum no ha podido facilitar los contratos de gastos por un importe de hasta 9,8 millones y no ha podido explicar si la documentación no se ha encontrado en los archivos o si no se formalizó nunca el contrato.
La Sindicatura apunta también a un convenio del año 2000 con el grupo Endesa que considera que "no es propio de un contrato de patrocinio" y destaca que en este documento la compañía eléctrica "condicionaba el pago de determinadas cantidades en concepto de patrocinio a la obtención de las licencias necesarias para la puesta en marcha de una nueva central térmica en el área del Besòs".
Además, señala que el secretario del Consorcio vulneraba la ley de incompatibilidades de las administraciones públicas al compaginar este cargo con una actividad como ser apoderado en el grupo Endesa.
En cuanto a los ingresos por venta de entradas, la Sindicatura constata que los 26,6 millones de euros declarados fueron muy inferiores a los presupuestados (61,4 millones), debido al menor número de visitantes que recibió el recinto del Fórum, que fue de 3,3 millones frente a los 5 millones que se marcaron como objetivo.
También advierte de "incidencias" procedentes de los déficit en la planificación de las necesidades reales del acontecimiento en áreas como la alimentación y las exposiciones.
En este último caso, la sociedad tuvo incluso que indemnizar con 174.000 euros a la empresa que había resultado adjudicataria del comisariado de una exposición porque no se llegó a hacer y pagó otros 155.000 euros por un contrato de servicios de diseño de un concierto benéfico que tampoco se llevó a cabo.
Además se registraron sobrecostes de producción en exposiciones como la de Ciudades-Esquinas o Habitar el Mundo, y proyectos diversos, así como que se incurrieron en gastos para viajes por un importe de 12,19 millones de euros, que no se han podido analizar en profundidad por falta de documentación.
La Sindicatura lamenta además que el trabajo de fiscalización que le ha sido encargado por el Parlament se ha llevado a cabo "con importantes limitaciones" debido a la falta información, que afectan tanto a los datos contables como a la documentación entregada.
