Tras la tregua por los atentados de Barcelona y Cambrils, el independentismo trata de poner toda la carne en el asador a casi un mes del 1-O. Se ha impuesto la tesis de ERC y la CUP frente a las voces del PDECat más prudentes, y antes del referéndum unilateral se aprobará la ley que regula de facto la independencia de Cataluña para que, si gana el sí, las leyes catalanas sean las únicas a tener en cuenta. Si ganara el no, la norma no entraría en vigor.
Se trata de un paso al frente, pues, de quienes quieren dejar claro que, como afirma en privado un miembro del Govern, «esto va en serio». O como explicó en rueda de prensa el cupaire Benet Salellas, tras el 1-O y la eventual victoria del sí, «no se producirá el enésimo debate procesista sobre qué hacer». En resumen, aquellos que creen que pueden declarar de forma unilateral una república catalana en base al triunfo del sí en un referéndum ilegal consideran que con esta ley presentada ayer no se podrá especular ni marear la perdiz respecto al periodo de transición hacia el Estado propio. No, porque están convencidos de que en los 89 artículos de la ley, Junts pel Sí y la CUP ya han trazado las líneas maestras de lo que podría denominarse una preconstitución.
Esos artículos no entran en detalle en algunos aspectos e incluyen lagunas importantes como el papel del ejército o la deuda de la Generalitat, pero sí regulan, por ejemplo, que el jefe del Estado no será el rey Felipe VI, sino el president, o que Cataluña se constituye en una «república de Derecho, democrática y social» y que «mientras no sea aprobada la constitución de la república, la presente ley es la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán».
Sin dar casi tiempo a digerir la semana y media posterior a los atentados, el independentismo saca así del armario su secreto mejor guardado. Y lo hace evitando pisar charcos, e incluso apelando en más de una ocasión a una (improbable) negociación con el Estado para tirar adelante algunos de los pilares del edificio del nuevo Estado catalán. Un escenario, el de la negociación, que hoy parece ciencia-ficción, dado que el Gobierno del PP ya ha advertido de que, del mismo modo que pasará con la ley del referéndum cuando sea aprobada, la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república (ese es su nombre completo) nunca tendrá efectos porque será anulada.
No se pisan charcos respecto a la oficialidad del castellano junto al catalán, que seguirá vigente a la espera de lo que decidan los que redacten una hipotética constitución catalana. Tampoco hay grandes saltos respecto a la legalidad española en cuanto a la obtención de la nacionalidad catalana y queda claro que en todo caso no se perderá la nacionalidad española. Además, todo lo que la ley no regule seguirá como hasta ahora; es decir, cuestiones como el derecho local o normas europeas o españolas que no sean específicamente impugnadas (cosa que puede suceder, en el caso español, si decretos del Govern anulan normas como la ley mordaza o la ley Wert).
En cambio, algunos aspectos de la estructura de la Cataluña independiente sí quedan establecidos con nitidez. Por ejemplo, se crea un Tribunal Supremo catalán (el actual Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) que incluye el poder judicial propio, formado solo por jueces y una sala de garantías, el equivalente al Tribunal Constitucional español, que dejaría de tener poder sobre Cataluña.
También se regula la creación de una fiscalía no dependiente del Govern sino del Parlament y la supresión de la jurisdicción militar y de la actual Audiencia Nacional. En el terreno jurídico-político, se prevé una amnistía para los procesados o sentenciados por causas que tengan que ver con el independentismo. Y, como el propio Salellas dejó claro, sin necesidad de ser preguntado, en ningún caso «se amnistiará la corrupción».
‘CONSTITUCIÓN’ PARTICIPATIVA
La parte final de la ley también tiene en buena medida el sello de la CUP, que siempre ha presionado en favor de definir la participación ciudadana en el proceso constituyente. Así, los últimos artículos regulan los seis meses que duraría el periodo de confección de la carta magna catalana y la votación en referéndum tras las elecciones constituyentes, con especial participación de la sociedad civil y expertos. Una cuestión, la de la redacción de la constitución, que ya se debatió en la comisión de estudio del proceso constituyente, cuyas conclusiones ya fueron impugnadas por el Constitucional y que ahora reaparecen en esta ley, fijando la participación ciudadana en foros de debate sobre el texto constitucional.
Lo que sigue guardado en un cajón es cómo piensa el independentismo tirar adelante estas normativas que todavía no son realidad, más allá de estar ya en el registro del Parlament.
