El 9-N no habrá decidido nada, pero después del 9-N nada podrá ser igual. Una movilización como la de ayer, en la que 2.348.000 catalanes desafiaron al Estado con una papeleta, constituye un acto de afirmación política más serio que esa anécdota a la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso rebajarla el sábado al referirse a ella como "lo de mañana". La Cataluña que quiere ser consultada --con todas las garantías-- sobre su futuro sigue en pie y en marcha. Anoche, con el 88,4% escrutado, el 80,7% votó sí-sí a la independencia, el 10,11% votó sí-no (sí al estado, pero no a la independencia) y un 4,5%, no-no.
Y sin embargo, el Ejecutivo del PP sigue empeñado en creer (o en hacer creer) que el problema no es político, sino jurídico. Así se desprende del hecho de que el representante elegido para fijar la posición del Gobierno no fuera otro que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que se limitó a calificar lo acontecido ayer de "acto de propaganda sin validez democrática". Sin más.
Por el contrario, Artur Mas no dudó en arrogarse todo el protagonismo al comparecer para hacer la primera valoración de su Gobierno tras el cierre de los centros de votación. Calificó la movilización de "éxito total", pidió apoyo internacional para forzar a Rajoy a negociar la celebración de "un referéndum legal y vinculante", destacó la "simbiosis perfecta entre instituciones, tejido asociativo y personas" y amagó con situarse ya en un escenario de elecciones plebiscitarias al lanzar un mensaje inequívoco al líder de ERC, Oriol Junqueras: "Cuando vamos juntos avanzamos más y mejor".
PORCENTAJE
Las cifras. Participaron 2.348.000 personas, lo que representa un 33% sobre un censo estimado (aquí todo es estimado, pues no había datos oficiales previos a la votación) de 6,3 millones. Sería un porcentaje bajo si esto fuera una convocatoria electoral ordinaria. Y es una cifra insoslayable en una seudoconsulta alegal sin campaña ni censo ni voto por correo y que el Gobierno central y varios partidos catalanes habían llamado a boicotear. El escrutinio aportó pocas sorpresas.
En el argumentario que el Gobierno español suele utilizar contra el discurso independentista, una imagen recurrente es la de una Cataluña que tendrá que salir de la Unión Europea y ponerse "a la cola" para negociar su ingreso. Bien, a juzgar por lo visto ayer, no parece que el tener que guardar cola vaya a desalentar al soberanismo. Las imágenes de largas filas aparecieron desde primera hora. El 9-N era un éxito casi antes de empezar.
A ello contribuyó, sin duda, la incertidumbre jurídica alimentada en los últimos días por la suspensión de la neoconsulta decretada por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno central. La posibilidad de que los centros de enseñanza habilitados como colegios electorales se vieran obligados a cerrar sus puertas en algún momento del día por imperativo judicial empujó a cientos de miles de catalanes a madrugar para poder votar cuanto antes.
Los temores se revelaron infundados. La fiscalía y los jueces de guardia impusieron el criterio de considerar "desproporcionada" una eventual retirada de las urnas, aunque abrieron diligencias para estudiar si pudo existir delito de alguna clase en la actuación de los organizadores de este 9-N. La prudente medida de jueces y fiscales propició que la jornada transcurriera sin apenas incidentes --más allá de algunos altercados protagonizados por gupúsculos de ultraderecha que trataron de impedir que la gente votara, ya fuera sellando las puertas de los centros, intimidando a los voluntarios o, como ocurrió en Gerona, intentando romper las urnas--, pero generó un visible malestar entre algunos dirigentes del PP catalán, que habrían deseado una actitud más enérgica por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
No era ajena a este malestar la sospecha de que la tolerancia gubernamental ante la celebración de esta versión light de la consulta pudiera formar parte del guion de las conversaciones secretas entre emisarios de Mas, Rajoy y Pedro Sánchez que desveló este diario el sábado y de las que al menos buena parte de la cúpula del PPC no sabía absolutamente nada.
La política catalana entra hoy en un ciclo nuevo. Una fase en la que los partidos soberanistas desplegarán sus hojas de ruta a la independencia. Otros propondrán vías alternativas que no conducen al Estado propio. Se hablará de listas conjuntas, de candidaturas separadas con puntos compartidos, pactos para agotar la legislatura, plebiscitos y de presiones. Nada hay decidido, pero nada será igual.
