Pedro Sánchez comprobó ayer lo difícil que le va a ser aprobar los Presupuestos Generales del Estado del 2019. El presidente del Gobierno busca una carambola muy complicada: convencer a los independentistas catalanes de que le voten las cuentas mientras se acerca el juicio a los impulsores del 1-O, que siguen en prisión preventiva. Y el rosario de aniversarios que se avecina no favorece los intereses del Gobierno: hoy mismo, por ejemplo, se cumple un año del encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
El pacto entre el Gobierno y Podemos pone sobre la mesa 2.000 millones adicionales para Cataluña. Además, la relación entre el Ejecutivo central y la Generalitat ha mejorado ostensiblemente tras la caída de Mariano Rajoy: ayer mismo se reunía, una década después del primer encuentro, la comisión bilateral de infraestructuras, y los contactos entre administraciones son constantes. Pese a todos estos esfuerzos, y aunque los votos de PDECat y ERC fueron imprescindibles para la llegada al poder de Pedro Sánchez, en las salas de máquinas de las formaciones soberanistas se ve muy complicado que los Presupuestos salgan adelante. La ofrenda floral por el 78 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys dio la medida ayer de lo difícil que va a ser para el independentismo soslayar a los presos.
LOS MÁS RADICALES
Como pasa últimamente, los soberanistas se dividieron en dos facciones. Los más radicales, entre los que hay que contar al presidente de la Generalitat, dejaron claro que no están por la conciliación con el Gobierno. El diputado Antoni Castellà, por ejemplo, destacó de nuevo por su crítica de trazo grueso. «Probablemente, si no estuviéramos en el marco de la UE, tendrían tentaciones de fusilarlos también, exactamente como pasó con Companys», dijo sobre los presos independentistas.
Quim Torra no llegó tan lejos, pero también fue contundente. El presidente catalán comparó de nuevo el anhelo de los independentistas con el de los republicanos que hicieron frente al franquismo y se comprometió a llevar su lucha «hasta las últimas consecuencias».
Pero, incluso para los moderados, la prisión preventiva de los impulsores del 1-O parece una barrera casi insalvable para dar sus votos a Sánchez. El presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha convertido en las últimas semanas en la bestia negra del independentismo más fiel a Carles Puigdemont, pero en el asunto de los presos fue claro. «La única opción válida es la absolución», dijo durante el homenaje a Companys. Una advertencia a la fiscalía de que, incluso aunque acabara pidiendo las penas mínimas por rebelión, eso no sería suficiente para los actuales dirigentes soberanistas.
Carles Campuzano, uno de los diputados del PDECat en el Congreso más empeñados en tender puentes entre las dos orillas, resumió la situación diciendo que, aunque «no se trata» de exigir al Gobierno la liberación de los presos preventivos, por respeto a la separación de poderes, hay que «entender que en esta situación es muy difícil tener un diálogo político normal».
AMNISTÍA
PDECat y ERC no están solos en la denuncia de la situación de los presos. Amnistía Internacional aprovechó el aniversario de la encarcelación de Sànchez y Cuixart para insistir en que «no hay justificación» para mantenerlos encerrados, y pidió su «inmediata liberación». La cárcel constituye «una restricción desproporcionada de sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica», en opinión de esa organización.
De hecho, los presos -y los «exiliados»- constituyen a estas alturas el principal factor de cohesión del soberanismo. El otoño no está siendo tan caliente como habían anunciado, y el cisma entre los dos partidos del Ejecutivo catalán se hizo evidente en el Parlament la semana pasada, hasta el punto de que se enfrentaron en la Mesa y perdieron la mayoría en la Cámara. Pero, mientras medio Govern de Puigdemont -además de Carme Forcadell- esté repartido entre las cárceles de Lledoners y Puig de les Basses, es difícil que la «normalización» que ansía Sánchez se asiente.
PROTESTA DE HOY / Hoy, Torra se reunirá con Cuixart y con Sànchez, y también con el resto de presos soberanistas encerrados en Lledoners: Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Raül Romeva. Después volverá a Barcelona para participar en la concentración de protesta que han organizado la ANC y Òmnium Cultural para exigir la liberación de sus dirigentes.
El Gobierno español ha dado muestras de que le incomoda la situación de los encarcelados, que atribuye al enfoque puramente judicial con el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy afrontó el desafío catalán. Pero subraya que la separación de poderes le impide inmiscuirse.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, insistió ayer en que no van a dar instrucciones a la fiscalía. Y la fiscala general del Estado, María José Segarra, pidió que se les deje trabajar con tranquilidad y que no se hagan «conjeturas» con las penas que se solicitarán en el juicio.
Sánchez intenta seducir a los independentistas con los «beneficios» que los Presupuestos aportarían a Cataluña. Es la misma tesis que defienden, por ejemplo, Ada Colau o Miquel Iceta, que estos días multiplican sus mensajes a los partidos soberanistas. Pero el Gobierno no promete nada con respecto a los presos. «El Ejecutivo no puede actuar, y ellos lo saben muy bien, con respecto al poder judicial», dijo la ministra portavoz, Isabel Celaá.
Mientras tanto, el PP y Ciudadanos marcan de cerca a Sánchez para que no haya trato de favor con los presos. Pablo Casado, una vez liberado su partido de las responsabilidades de gobierno, aseguró ayer que el presidente debe «poner orden», por ejemplo aplicando de nuevo el artículo 155 de la Constitución.
BUCH, IMPUTADO
Y, por la tarde, se comprobó de nuevo que la política va por un camino y la justicia por otro. Miquel Buch, el actual consejero de Interior, se convirtió en el primer miembro del Gobierno de Torra investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por promover el referéndum del 1-O entre los alcaldes catalanes.
El TSJC le ha citado para el próximo 6 de noviembre acusado de un delito de desobediencia cuando presidía la entidad municipalista. También está llamada a declarar la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras. Lloveras se hizo eco en Twitter de su citación en calidad de investigada tachando de «política» la causa. «Querella por hacer política, por expresar públicamente el apoyo al referéndum», escribió .
El presidente Torra quiso manifestarse a través de la red social dando todo su apoyo a Busch y Lloveras. «No os juzgan a vosotros, nos juzgan a todos», afirmó.
