La temperatura de la relación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central ha subido varios grados en las últimas semanas y todo indica que seguirá haciéndolo en los próximos meses, incluso hasta la celebración de las elecciones autonómicas y municipales en la primavera del 2019.

La Comunitat Valenciana es una de las diez que recibieron a principios de diciembre la carta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtiendo de la posibilidad de intervenir las cuentas de no corregirse una desviación de gasto que situó en el 1,1% para el 2017. Pero la Generalitat se ha negado y ha mantenido erguida la bandera de la infrafinanciación para explicarlo. «Obviamente no podemos cumplir si no tenemos recursos suficientes y no podemos hacer más recortes», sentenció el presidente valenciano, Ximo Puig.

Tanto el dirigente socialista como la vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís), llevan semanas afeando a Montoro y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que hayan incumplido su promesa de tener encima de la mesa una propuesta de negociación para afrontar un nuevo acuerdo de financiación autonómica antes de final del 2017. Ambos se pueden permitir este duelo sin riesgo de parecer rupturistas tras haber apostado claramente por una posición institucional en la crisis catalana.

En público y en privado apostaron por que no se celebrara el referéndum unilateral del 1-O y Puig desveló recientemente que llamó al expresidente Carles Puigdemont en las horas previas a la declaración unilateral de independencia (DUI) para pedirle que fuera él quien convocara elecciones y evitara así la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La recentralización

La carta de Montoro hizo que desde el entorno de la Generalitat Valenciana se construya la idea de que se trata de una fiscalización similar pero soterrada a la que se aplica en Cataluña con ese famoso artículo. El síndic de Compromís en Las Cortes, Fran Serri, acusó estos días al titular de Hacienda de hacer «un chantaje» a los valencianos por su petición de una mejor financiación «aplicando un 155 encubierto». Todo formaría parte de una estrategia más amplia de recentralización que, según propugnan desde hace tiempo los tres partidos que dan apoyo al Gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Podem), se habría diseñado desde Madrid aprovechando la crisis catalana.

Los recursos del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC) y las resoluciones de este a su favor, cercenando varias leyes aprobadas en Las Cortes valencianas, dieron munición al Ejecutivo autonómico. El Gobierno de Rajoy recurrió una decena de normas, algunas de las últimas tan significativas para el tripartito progresista como la realizada para paliar la pobreza energética o la de la función social de la vivienda.

La incomodidad del PP

Antes ya lo hizo, por ejemplo, con la que extendía la sanidad a colectivos que se quedaron fuera de la cobertura tras el decreto gubernamental del 2012, y el TC le acaba de dar la razón. Pero la Generalitat ya ha anunciado que se acogerá a una instrucción previa para seguir ofreciendo ese servicio y aún falta por saber la reacción de la Moncloa a ese desafío.

La pelea deja en una complicada situación al PP valenciano (PPCV), obligado a defender los postulados del Gobierno de Rajoy y a cuadrar el círculo apoyando que la comunidad está infrafinanciada.

Así, esta semana la líder de los populares valencianos, Isabel Bonig, señaló que ve «muy bien» que el Consell tenga que «rendir cuentas a Hacienda» y criticó el simbólico envío de carbón vegetal de Compromís a la Moncloa, que calificó de «teatro y espectáculo». «Gobernar es algo más. Esto en la oposición está muy bien, pero en el Gobierno se requiere responsabilidad y trabajo», deslizó.

Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno, aseguró que Hacienda «en ningún caso ha pedido recortes al Gobierno valenciano, pero sí eliminar el gasto innecesario y superfluo» y puso como ejemplo los nuevos medios de comunicación públicos. «Han recibido, en estos dos últimos años, 2.000 millones más por caja y están pagando menos gastos financieros», señaló.

Pero todo apunta a que al PPCV le queda al menos año y medio de defender a Rajoy, se lo crea más o menos, y a los partidos del Botànic, ese mismo tiempo de contar agravios del Gobierno central.