El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, no tiene intención de dejar que la acusación popular que ejerce Vox se salga de esa función. Cuando le llegaba el turno de impugnar las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por la defensa, Pedro Fernández pidió a la Sala que fijara criterios sobre el uso de lazos amarillos en el alto tribunal y el magistrado no dudó: "Es un símbolo ideológico y por tanto la Sala no va a poner ningún obstáculo para que lo usen" los acusados.

Ha dado casi la impresión de que Marchena esperaba la alegación del vicesecretario jurídico de Vox, porque, tras advertirle de que eso excedía el marco de la impugnación de las alegaciones de la defensa, se ha remitido al "tratamiento normativo de la utilización de símbolos".

El artículo 37 del Estatuto de la Abogacía establece que los abogados comparecerán vistiendo toga sin distintivo de ninguna clase más allá que el propio del colegio al que corresponda. De ahí que el presidente del tribunal haya afirmado que "no tiene ninguna queja sobre la uniformidad de los letrados", puesto que ninguno de ellos lucía símbolo independentista alguno. Los lazos, chapas y colores amarillos estaban entre el público. De hecho solo uno de los acusados, Jordi Sànchez, lucía un lazo. Los que fueron miembros del Govern sí llevaban la insignia propia del cargo.

A continuación, el juez afirmó: "La posibilidad de los acusados puede ser susceptible de muchos enfoques, pero el Supremo lo que va a hacer es hacer suya la doctrina del TEDH". En este sentido, citó dos sentencias, una que condenó a Bosnia y otra a Bélgica, por no permitir símbolos "que fueron considerados símbolos religiosos". A renglón seguido manifestó que, según el Convenio de Roma, los ideológicos y religiosos son equivalentes.