"Poco esfuerzo exige alcanzar la conclusión de que los hechos que se imputan" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber decidido acoger en terroritorio español al Aquarius, con 629 inmigrantes a bordo, "en modo alguno tiene encaje en los tipos penales" y los que atribuye son "una verdadera desmesura". Esa es la conclusión de la fiscalía en relación con la querella interpuesta por un abogado contra el líder del Ejecutivo y el criterio seguido por el Tribunal Supremo para archivarla "por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno".

La Sala Segunda del alto tribunal hace suyo "íntegramente" el informe fiscal en el que afirma que la decisión del Consejo de Ministros de permitir el acceso a un pruerto español de los buques Aquarius, Orione y Danilo "implicaba proporcionar un trato humnitario y hasta la posibilidad de su subsistencia a las personas embarcadas, muchos de ellos menores de edad". La querella del abogado Pedro Turuelo atribuía a Sánchez los delitos de contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, malversación de caudales y omisión del deber de perseguir delitos.

El auto relata cómo se negaron a alojarlos otros países como Malta e Italia, por lo que ante el "grave riesgo para la salud y la integridad de los embarcados, se adoptó con carácter excepcional por el Gobierno la posibilidad de atracar en un puerto español con la finalidad de prestar la necesaria asistencia a los embarcados, posponiéndose para más tarde la decisión sobre el destino futuro de los mismos".

"VERDADERA DESMESURA"

De ahí que se considere "una verdadera desmesura, carente de cualquier sentido" atribuir por su actuación a Sánchez, como pretende el querellante, "una promoción ilegal de la inmigración de ciudadanos extranjeros, sustracción de capitales públicos para atenderlos u omisión de perseguir delitos cometidos por no se sabe quién y que en modo alguno se han acreditado".