El enésimo encontronazo entre Junts per Catalunya y ERC a cuenta de acatar o desobedecer una orden judicial provocó ayer la suspensión del último pleno del Parlamento catalán antes de las vacaciones. Los posconvergentes procuraron blindar a Carles Puigdemont y dejarlo fuera de la suspensión dictada por el Tribunal Supremo, pero los republicanos se opusieron frontalmente en la Mesa de la Cámara catalana a hacer distingos entre diputados. Se acusaron mútuamente de «obesión» por el expresidente; unos con el afán de venerarlo y otros con el propósito de despojarle de favoritismos.

La reunión del cortafuegos parlamentario se inició a las 09.20 horas de la mañana, con retraso debido a un encuentro convocado por Roger Torrent a puerta cerrada una hora antes, con el propósito de sellar un acuerdo que evitase el choque ante el resto de diputados. Pero las discrepancias no se limaron y el presidente del Parlament sometió a votación su propuesta de sustituir temporalmente a los seis procesados.

Según fuentes parlamentarias, JxCat solicitó a Torrent que enmendase la propuesta para votar una a una las seis suspensiones, pero éste lo rechazó. Ante esa situación, los posconvergentes, según fuentes del grupo, optaron por dividir su voto para provocar un empate que forzase el aplazamiento del pleno y manifestar que por un lado aceptaban la sustitución de los encarcelados pero no la de Puigdemont. Fuentes republicanas, achacaron la ruptura con la disciplina de voto a una «fractura interna» en el si de la formación y desestimaron cualquier maniobra estratégica.

ERC se alió con el PSC y los naranjas con el voto desfavorable de JxCat. Empataron a tres. Y Torrent decidió entonces suspender el pleno, una iniciativa agradecida por todos excepto Ciutadans y la CUP.

EL SUPUESTO PACTO

En paralelo a los encontronazos en la Mesa, el ‘president’ Quim Torra y el vicepresidente Pere Aragonès se reunían en el Parlament para tratar de desencallar la situación que fregaba ya la alta tensión. Según fuentes de Presidencia, Torra le reprochó a Aragonès un «incumplimiento» de su grupo parlamentario a un «acuerdo previo», siempre según las fuentes, forjado «al más alto nivel» el martes por la tarde que excluía a Puigdemont de ser sustituido. Ahora bien, fuentes republicanas negaron la existencia de este supuesto pacto y acusaron a los posconvergentes de «mentir».

JxCat insistía en una solución «excepcional» que solo tuviera vigencia en el pleno que se debía celebrar hasta hoy, sin que afectara a Puigdemont. ERC replicaba que «no hay diputados de primera ni de segunda».

Los posconvergentes blindaron fielmente a Puigdemont alegando que su suspensión está en el aire tras la decisión de la justicia alemana de no entregarlo a España por rebelión, sino solo por malversación, y en que no se encuentra encarcelado, a diferencia del resto de suspendidos. Según fuentes parlamentarias, se mostraron «intransignetes» ante Torrent y rechazaron ir al pleno.

«En ningún caso presentaremos un sustituto para Puigdemont», repetían y repetían en los pasillos de la Cámara catalana, lugar en el que anunciaron que de celebrarse el pleno «no ejercerían» su voto, es decir, que no haría uso de la delegación que aprobó la Cámara catalana adecuándose a su situación judicial.

EN LA LÍNEA DE LLARENA

ERC no escondió ser más proclive a acatar la sustitución temporal de los procesados, en la línea del juez Pablo Llarena y del informe de los letrados de la Cámara, que plantea que deleguen su voto y sus funciones a otros diputados. Desde la dirección del grupo de JxCat, que se entabló incluso con Torra, calificaron de «alucinante» la posición de los republicanos.

Tanto fuentes de JxCat como de ERC recalcaron que no pedirían a ninguno de sus diputados suspendidos por el Supremo que renuncien a su acta.

Una vez comunicada la desconvocar el pleno, JxCat y ERC trasladaron su cruce de reproches al atril. El republicano Sergi Sabrià tachó de «gravísima» la actitud de los posconvergentes por «haber salido a mentir de manera descarada».

La diputada de la CUP María Sirvent acusó al resto de grupos de plegarse a la «cultura del miedo, de la excepcionalidad y la represión» y al PSC y a ERC de «dar curso a una resolución que vulnera de forma flagrante los derechos de los diputados que han sido represaliados».