Pese a las dudas expresadas por el Consejo de Estado, el pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir por unanimidad la impugnación del Gobierno contra la reprobación aprobada por el Parlament contra el Rey Felipe VI el pasado 11 de octubre. El Gobierno no invocó el artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión automática de la norma impugnada, ante la dificultad que entrañaría aplicarla a una declaración como la que realizó la Cámara catalana.
La decisión del alto tribunal ha sido refrendada por sus 12 magistrados, aunque el Consejo de Estado dictaminó que no hay base jurídica para impugnar el texto de la Cámara catalana, que carece de efectos jurídicos. El Gobierno de Pedro Sánchez optó por impugnar la declaración del Parlament, que condena la posición de Felipe VI tras el referéndum del 1-O y apuesta por la "abolición" de la Monarquía como "institución caduca y antidemocrática".
En concreto, la impugnación del Ejecutivo se dirigía contra los apartados de la declaración de la Cámara catalana que decía textualmente: "El Parlament, en defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales, rechaza y condena el posicionamiento del Rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017".
Además, se reafirmaba en su "compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".
El Gobierno, que no la suspensión de la resolución, consideraba que se habían podido vulnerar los artículos 1.2, 1.3, 2, 9.1 y 168 de la Carta Magna, así como los artículos 2.4 y 4.1 del Estatut. El tribunal ha dado traslado de la impugnación al Parlament para que en un plazo de 20 días formule alegaciones.
A ojos del Ejecutivo con su reaprobación el Parlament reabrió la vía "unilateral". De ahí que finalmente optara por impugnarlo. "El Consejo de Estado entiende que la resolución es un grave atentado al principio de lealtad institucional y comporta una total falta de respeto a la más alta magistratura del Estado, pero considera que tiene una naturaleza netamente política, sin producir efectos de ningún tipo. Sin embargo, el Gobierno entiende que la resolución es inconstitucional. Supone un nuevo intento de iniciar un nuevo proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República", explicó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, al anunciar la impugnación.
