Los miembros del Govern llegaron en tres tandas. El primero lo hizo sin hacer ruido, los segundos recibieron aplausos e insultos y el tercero fue ignorado por los suyos. En esta histórica sesión de declaraciones en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo (20 imputados entre el Govern y la Mesa del Parlament, con Carles Puigdemont y cuatro consellers negándose a comparecer), el más madrugador fue Oriol Junqueras, que apareció a las 8.05, demasiado temprano tanto para las comitivas de apoyo como para los pequeños grupos con banderas de España altamente especializados en el insulto a dirigentes independentistas. Para ser una jornada sin precedentes, aquello tuvo escasa épica: un señor acusado de rebelión, sedición y malversación de fondos recorre a pie unos cuantos metros y entra por una puerta.

Lo mismo hizo el grueso de los miembros del Govern, pero llegaron en grupo y mucho más tarde, a las 8.45, dando tiempo a que todos ocuparan sus puestos. Allí estaba Artur Mas, frente a la Audiencia Nacional, a escasa distancia de la enorme bandera española de la plaza de Colón (294 metros, 35 kilos), aplaudiendo y gritando “¡no estáis solos!”, junto a decenas de representantes del PDECat. Y allí, también, estaba un grupo de ultraderechistas. Eran pocos, eran ruidosos. Lo más suave que dijeron a Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, entre otros, fue “¡vendidos, que sois unos vendidos!”.

Ambos colectivos, los dirigentes independentistas y los virulentamente contrarios a la independencia de Catalunya, apenas tuvieron contacto debido al amplio dispositivo policial, pero hay algo en lo que se mostraron de acuerdo. Los imputados acabarían en prisión. “Van a ir todos a la cárcel”, dijo en voz baja, casi como si fuera un secreto, una importante dirigente de la antigua Convergència a tres de sus colaboradores mientras veía pasar a los consellers.

Para los dirigentes secesionistas, la probable prisión incondicional supone una prueba más de que en España no hay separación de poderes, de que este, como dijo el propio Puigdemont a través de un comunicado difundido el miércoles desde Bruselas, es un “juicio político”. Hay fuentes jurídicas que señalan, en cambio, que el inesperado viaje del ‘expresident’ a la capital belga hace más probable que los imputados que sí acudieron a declarar vayan a la cárcel de forma preventiva. El “riesgo de fuga” habría quedado acreditado.

La soledad de Santi Vila

Pero no todos tienen las mismas posibilidades de acabar entre rejas. Puede que Santiago Vila se libre, al haber dimitido un día antes de la DUI, desmarcándose de esta iniciativa. El antiguo conseller de Empresa se ha postulado como aspirante del PDECat a la presidencia de la Generalitat en las elecciones del próximo 21 de diciembre, convocadas por Mariano Rajoy vía artículo 155 de la Constitución, pero si su candidatura se votase solo entre los integrantes del séquito de apoyo a los imputados, su recorrido sería nulo. A diferencia del resto, Vila, que también ha elegido un abogado distinto al de los otros exmiembros del Govern, no recibió ni un solo aplauso por parte de sus compañeros de partido.

Mientras tanto, ante el Tribunal Supremo, que aplazó las comparecencias de Carme Forcadell y los otros cinco miembros de la Mesa del Parlament al 9 de noviembre y les impuso vigilancia policial, la distancia entre quienes insultaban y quienes apoyaban era menor. Hubo más tensión. Un hombre de unos cincuenta años estaba casi un trance, convirtiendo en un mantra las palabras “sinvergüenzas” e “hijos de puta”. Pero la Policía Nacional separaba a unos de otros. Hubo incluso momentos cómicos.

“¡Que se vayan, que se vayan!”, gritaban varios manifestantes.

Germà Bel, diputado de Junts pel Sí, los miró con sorna y dijo: “¡Qué más quisiéramos! Eso es justo lo que queremos: irnos”.