Todos los partidos del Congreso salvo el PP consideran que el partido de Mariano Rajoy hizo un uso partidista del Ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz al frente. A esa conclusión han llegado después de la corta singladura de la comisión de investigación sobre la 'operación Cataluña', que se cierra este jueves porque el PP, el PSOE y Ciudadanos se han aliado para no convocar a más comparecientes. En estas semanas han pasado por la Cámara baja en el marco de esa comisión cinco personas: el propio exministro, el exdirector de la Oficina Antifrau de Cataluña Daniel de Alfonso, el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y el que fuera su jefe de Gabinete José Ángel Fuentes.
El origen del asunto fue la publicación de una conversación grabada en el despacho de Fernández Díaz entre el ministro y De Alfonso en la que conspiraban para buscar casos de corrupción que salpiquen a dirigentes de ERC y CDC.
Los grupos parlamentarios están reunidos a puerta cerrada esta mañana en una sala del Congreso para alcanzar un acuerdo de mínimos sobre las conclusiones de la investigación. El diputado del PNV Mikel Legarda preside la comisión y será el encargado de redactar el correspondiente dictamen que se votará en el pleno del Congreso en septiembre. Si no se llega a un mínimo acuerdo entre los grupos, algo probable a la vista de la posición del PP, se podrán presentar votos particulares.
EL PP: ES UNA CAUSA GENERAL SIN PRUEBAS
Solo los populares defienden la actuación del Ministerio del Interior. Como con la comisión de investigación sobre la 'caja b' de su partido, los conservadores defienden la tesis de que la oposición intenta hacer una causa general contra ellos sin pruebas. Lo único que están dispuestos a aceptar es que las grabaciones que tuvieron lugar en el despacho del exministro fueron "unos hechos lamentables".
No opinan así el resto de partidos, incluidos el PSOE y Ciudadanos que son cómplices de los populares en el cierre prematuro de esta comisión. Los socialistas consideran que Fernández Díaz, Cosidó y Pino son responsables políticos de la creación de la llamada 'policía patriótica' para "obstaculizar" los casos de corrupción del PP y "perseguir" a los adversarios políticos. Y todo, aseguran, "con el conocimiento y consentimiento del ministro". Hay que recordar que Fernández Díaz salió del Gobierno con el cambio de legislatura. Rajoy no lo destituyó después de que se publicara la conversación con De Alfonso. Entre los "adversarios", los socialistas se ven a ellos mismos por informes sobre el 11-M y el 'caso Faisán'.
