Unión del soberanismo en repulsa a las acusaciones de la fiscalía y la Abogacía del Estado contra los líderes del procés. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, entonaron ayer una declaración institucional ante la fija mirada de familiares de los procesados, arropados por el Govern en pleno y diputados de JxCat, ERC, CUP y Catalunya En Comú - Podem. Una escenificación solemne, pero sin pompa, escueta y repleta de caras largas, que les sirvió para volver a conjurarse bajo una misma premisa, el rechazo a la judialización del proceso secesionista.

Más allá de descartar cualquier maniobra judicial que no sea la absolución, las críticas se dirigieron al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, después de ver minadas sus esperanzas de ver retirados todos los cargos, y le acusaron de ser «cómplice de la represión» y de «profundizar en una injustícia democrática».

«El Gobierno español ha perdido una oportunidad de oro para sacar de los tribunales el conflicto que se vive en Cataluña y devolverlo a la política», enfatizó Torra, y aseguró que el hecho que la abogacía del Estado acuse por sedición y no por rebelión «no es un gesto, sino un menosprecio absoluto a los demócratas encarcelados». «¿Alguien cree que pidiendo 200 años de prisión a los líderes independentistas desaparecerán los más de dos millones de personas que quieren una república catalana? Al contrario, a cada golpe nos levantamos más fuertes», sostuvo.

El president resolvió que «la única violencia que hubo el 1-O fue la de la Policía Nacional y la Guardia Civil pegando a gente pacífica que únicamente quería votar», y negó así todos los cargos sobre la cúpula del 1-O.

Torrent arrancó la lectura del discurso cabizbajo, no por ello poco contundente: «Piden 200 años de cárcel a demócratas, gente de paz, con quien se puede estar de acuerdo o en desacuerdo pero que en ningún caso han cometido delito alguno. Es inaceptable», proclamó, y subrayó que «se acusa a casi la inmensa mayoría de la población de este país». El blanco de sus dardos fue el ministerio público, a quien acusó de actuar con «anhelo de venganza», tiñendo un escrito de calificación de «ficción perversa». «No se persiguen personas, se persiguen ideas. Pero los que lo hacen no saben que las ideas no se pueden encarcelar», espetó. El colofón al discurso volvió a ser una llamada a conjurarse «en lo que les une», y con su promesa de no parar hasta que los presos sean libres y los exiliados de vuelta a casa.

La crispación del independentismo se tradujo con un portazo a los presupuestos del Ejecutivo central. El vicepresidente y dirigente republicano, Pere Aragonès, hurgó en que «no ha habido gestos» por parte del Gobierno, y que, por lo tanto, ve «imposible» movimientos de su parte para garantizar estabilidad a Sánchez. El presidente del PDECat, David Bonvehí, ratificó su no a las cuentas en un acto organizado en la cárcel de Lledoners (Bages). «Es evidente que no hay nada que negociar. Ya se espabilarán con sus presupuestos y con su política española», zanjó.