El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido de que emprenderá posibles "acciones legales, también de carácter penal", si la Junta Electoral Central (JEC) le obliga a dejar el acta, porque considera que no es competente y podría estar incurriendo en un delito de coacciones.

Así lo ha subrayado en un comunicado de la Oficina del Presidente de la Generalitat, en la que también advierte de que pensar que el presidente estaría incurriendo en un delito de usurpación de funciones públicas si participa en un pleno "no solo demuestra una ignorancia profunda del derecho penal, sino que se esgrime para coaccionar a aquellos que defienden la soberanía del Parlament".

Por eso, Torra avisa de que "no dudará tampoco en ejercer las acciones legales oportunas en el caso de que persistan estas acciones, que podrían estar incurriendo en un presunto delito de calumnias y/o injurias".

PRESIÓN A TORRENT

Además, Torra critica las "presiones a las que se pretende someter al presidente del Parlament y a otros miembros de la Cámara que defienden la soberanía del Parlament está llegando a límites insostenibles y incompatibles con el ordenamiento jurídico en general y específicamente con el Código Penal".

El Govern ha dado su "apoyo" a Torrent para que se mantenga firme en la defensa de la resolución del Parlament que ratificó, hace unas semanas, a Torra como 'president' y como diputado. Se trata de una medida de presión que se aplica en sentido contrario al de partidos como Cs y PP, que exigen al presidente de la Cámara que despoje ya de escaño a Torra.

Torra asume que la condición de diputado solo se la puede revocar el Parlament "en caso de exista sentencia firme" y tacha de anomalía democrática que un órgano administrativo como la JEC intente hacerlo.

"Genera un conflicto institucional que excede el ámbito del propio Parlament", concluye el presidente en su comunicado.