El balcón del palacio de la Generalitat no generaba tanta atención mediática desde que, durante el mes de octubre del 2017, los soberanistas esperaron en vano que Carles Puigdemont saliera a proclamar la independencia. Esta vez los ojos estaban puestos en la balaustrada de la plaza de Sant Jaume, que en pocos días ha pasado de pedir la libertad de los «presos políticos y exiliados» con un lazo amarillo, a reclamarla con un lazo blanco, a quedar desnuda de adornos durante unas horas y, finalmente, a reivindicar la «libertad de opinión y de expresión» a secas. Quim Torra ha cedido ante la Junta Electoral Central y ha retirado los mensajes independentistas de todos los edificios públicos, pero su renuencia de 11 días le ha costado una querella de la fiscalía que podría provocar su inhabilitación por dos años.

Una parte significativa y transversal del independentismo institucional no entiende que el president haya estirado tanto la cuerda en un asunto simbólico en el que además estaba anunciado que al final la Generalitat tendría que transigir. La guerra de las pancartas ha terminado provocando malestar interno y ha constatado por enésima vez la ausencia de un plan conjunto.

Las diferencias en el seno del Govern se hicieron ayer evidentes ya por la mañana. La primera consejería en retirar la parafernalia independentista -para mantener la imparcialidad obligada durante el periodo electoral- fue la de Economía, controlada por ERC. Después, una tras otra fueron haciendo lo mismo. A las 12.27, dos horas y media antes de que venciera el ultimátum de la Junta Electoral para que los Mossos d’Esquadra retiraran las pancartas de la sede de la Generalitat, dos operarios ejecutaron la orden sin que hiciera falta la intervención policial.

Torra quiso desquitarse con un comunicado furibundo en el que, mientras acataba la decisión, anunciaba que presentará un recurso y que se querellará contra la Junta Electoral por una presunta prevaricación. Pese a su renuncia de ayer, el presidente de la Generalitat aseguraba que «no se detendrá en la defensa de la libertad de expresión, con todas las consecuencias que tenga que asumir», y defendía el derecho de Cataluña a la autodeterminación.

Además, tras retirar los símbolos independentistas Torra ordenó que se desplegara una nueva pancarta que en este caso no contiene alusiones partidistas y solo reivindica la libertad de opinión y de expresión contenidos en el artículo 19 de la declaración de los Derechos Humanos.

Casi al mismo tiempo, la Fiscalía Superior de Cataluña informaba de que se querellará contra Torra, a instancias de la Junta Electoral, por su «incumplimiento consciente y reiterado» durante varios días de la orden de retirar los símbolos. Una condena por desobediencia podría costarle al president una inhabilitación para cargo público por entre seis meses y dos años.

La fiscalía también presentó ayer querella por desobediencia contra el actual jefe de gabinete de Torra, Joan Ramon Casals, por su apoyo al referéndum del 1-O cuando era alcalde de Molins de Rei.

Por la tarde, los Mossos d’Esquadra entraron en varios edificios públicos, entre ellos escuelas de varios municipios catalanes que suelen utilizarse como colegios electorales, para comprobar que no hubiera lazos amarillos ni otra simbología independentista, como ordenó la JEC.

Los partidos han convertido la crisis de los lazos en el primer gran tema de la precampaña electoral, y cada uno ha intentado utilizarlo en beneficio propio. Desde Bruselas, el presidente Pedro Sánchez instó a «pasar página» de la reivindicación soberanista, «porque es imposible», y centrarse en «arreglar el problema» de convivencia. Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs) culparon al Ejecutivo de la situación catalana.

Mientras, el instigador de la estrategia de choque de Torra, Carles Puigdemont, elogió desde el Parlamento Europeo la supuesta «firmeza» de Torra durante el episodio de los lazos amarillos. Y también se felicitó porque, en su opinión, el Estado «se ha puesto nervioso».